La recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el caso de al menos 15 niños agredidos sexualmente en un plantel federal de prescolar ubicado en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal, es insuficiente y superficial.

Señalaron lo anterior la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI). Consideraron que el exhorto del ombudsman nacional se limita a temas administrativos, de capacitación y servicios sicológicos, sin tocar aspectos normativos, diseño institucional y controles de confianza de personal.

En conferencia, Margarita Griesbach, directora de la ODDI, y Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, manifestaron su preocupación por que las respuestas institucionales del Estado mexicano frente a este caso son insuficientes, pues siete trabajadores de la escuela Andrés Oscoy Rodríguez (profesores y el conserje) aprovecharon los vacíos institucionales para agredir sexualmente a las y los infantes bajo su cuidado. El caso trascendió a la opinión pública a mediados de 2011.

Manuel Gil Antón, investigador en temas educativos por El Colegio de México –presente en la conferencia de prensa–, indicó que para evitar este tipo de abusos, desde el primer párrafo de la reforma educativa –propuesta por el gobierno federal– se debe garantizar la seguridad e integridad de los menores.

Los directivos de ambas organizaciones civiles aplaudieron que la CNDH iniciara por oficio la investigación y derivara en la recomendación, pero ésta es insuficiente frente a la gravedad del caso paradigmático, que dejó en evidencia los grandes vacíos del sistema educativo mexicano para prevenir, identificar y reparar el daño a menores víctimas de violencia sexual en todo el país.

Una de las limitaciones que identificaron en la recomendación es que sólo considera a 15 de las 30 víctimas de agresión sexual en esa escuela, dejando a varias de ellas en indefensión.

Apremiaron a las autoridades a localizar inmediatamente a la maestra que sigue prófuga (seis están presos bajo proceso judicial), y especialmente llamaron a reconocer que en las escuelas públicas del país todo sigue igual, por lo que es posible que se presenten nuevas agresiones sexuales.

Para estos organismos de defensa de los derechos de la infancia, los cambios urgentes que deben hacer las autoridades educativas son: institucionalizar los procedimientos formales sobre cómo detectar y proteger a los infantes víctimas de violencia, reformar los criterios y procedimientos de selección de personal y brindar capacitación sobre los derechos de la infancia, prevención y detección de la violencia sexual al personal escolar.

Asimismo, plantearon que la infraestructura escolar sea la adecuada para la protección de niños y niñas, dar información sobre sus derechos a los menores y sus familias, y definir mecanismos de denuncia ante posibles violaciones a las garantías de los alumnos, donde participen los padres de familia.

Por ello, exhortaron al Legislativo a realizar estos cambios urgentes y necesarios en la Ley General de Educación y en las leyes relativas. Todos ellos deben incorporarse formalmente en la legislación y normatividad de la SEP para que la escuela sea capaz de garantizar la seguridad física y sexual de los menores.