La Comisión Permanente del Congreso exhortó ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar las denuncias difundidas en los días recientes sobre la probable existencia de una red de tráfico de influencias operada por ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación, con el propósito de otorgar permisos de operación para casinos y casas de apuestas.

También acordó la creación de una comisión bicameral que obtenga información sobre el tema y coadyuve con las investigaciones del caso, al tiempo de exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar y resolver a la mayor brevedad la controversia constitucional interpuesta en contra del reglamento de la Ley General de Juegos y Sorteos, con el que el ex presidente Felipe Calderón autorizó el uso de maquinas tragamonedas en casinos.

Los integrantes de la Comisión Permanente aprobaron estos llamados por unanimidad, a propuesta del coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, y luego que el senador Roberto Gil, uno de los involucrados en el escándalo de las casas de juego, manifestó su respaldo al punto de acuerdo.

Señalado por presuntamente haber recibido dinero para facilitar la instalación de un casino en Querétaro, Gil Zuarth entregó a la mesa directiva de la Permanente un oficio para que el Congreso tenga acceso a sus cuentas y de esa manera no se entorpezca ninguna pesquisa debido al secreto bancario y el fiduciario. Desde tribuna, Gil Zuarth dijo que no se va a escudar en el fuero para enfrentar las acusaciones en su contra.

El ex secretario particular de Felipe Calderón demandó que se investiguen las acusaciones que se han vertido en su contra y que se revise quienes son los propietarios y operadores de casinos y casas de apuestas y si los permisos con los que operan son producto de un acto ilícito. Sólo a partir de esas averiguaciones se tendrá ocasión para definir las reglas a las que debe someterse esta actividad económica, subrayó.

También propuso exhortar a la Secretaría de Gobernación para que suspenda la vigencia del actual reglamento de la ley de juegos y sorteos, con la finalidad de que no haya posibilidad de otorgar un nuevo permiso, en tanto se decide el estado de dicho giro. El planteamiento fue aprobado por los legisladores, al igual que el presentado por el senador panista Francisco Domínguez para que la misma dependencia verifique en todos los municipios donde operan casinos, la legalidad de los permisos correspondientes.

La posición de Roberto Gil le valió el reconocimiento del diputado Monreal. Es correcto que se enfrenten las cosas, puntualizó el coordinador del Movimiento Ciudadano, quien además defendió la permanencia en el punto de acuerdo, de una clausula en la que se llama al ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán, para que se excuse de conocer o de participar en la resolución de la controversia constitucional, por ser notorio y ostensible el conflicto de intereses en que podría estar incurriendo.

Explicó que Pérez Dayán aprobó como integrante del séptimo tribunal colegiado –previo a su ingreso a la Corte–, los amparos que han permitido la operación de numerosos casinos, y por tal razón su conducta no podría asumirse cercana a la objetividad y a la justicia.

Los senadores y diputados de la permanente aprobaron sostener el exhorto al ministro, pese a que el senador del blanquiazul José María Martínez se manifestó en contra, porque consideró que el integrante de la Corte no tiene intereses personales en el tema de las casas de juego.

Previamente, en conferencia de prensa, el coordinador de los diputados del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, dijo que es urgente que el gobierno ponga orden en el tema de los casinos, aunque rechazó la posibilidad de que los legisladores involucrados tengan que pedir licencia, para no entorpecer las investigaciones. Luis Alberto Villarreal, líder de los panistas en San Lázaro, negó ser propietario de casas de apuestas y resaltó que su hermano Ricardo, involucrado en el escándalo de los casinos, debe estar dispuesto a someterse a una profunda investigación.