Puebla, Pue., 16 de enero. El nombramiento del policía Ardelio Vargas Fosado al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) es una bofetada para los centroamericanos y para los defensores de derechos humanos en México, afirmó el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, Premio Nacional de Derechos Humanos 2012.

Durante los dos años recientes, Vargas Fosado fue secretario de Seguridad Pública en Puebla, bajo las órdenes del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas, y reprimió a campesinos, comerciantes y maestros, por lo cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida a él.

En Migración se debió poner a una persona versada en derechos humanos y con amplia solvencia moral, pero jamás a un policía, señaló el coordinador del albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, durante su visita al municipio de Rafael de Lara Grajales, que está en la ruta de los migrantes.

La designación confirma que la defensa de las garantías de los migrantes pasó a segundo término en México. Es la mayor decepción; el gobierno no define políticas públicas claras en la materia, agregó.

Relató que en el municipio de San Pedro Cholula –donde el martes anterior recibió un homenaje y copia de la cédula real del ayuntamiento– concedió el beneficio de la duda a quien fuera a ser designado nuevo titular del INM, pero hoy todo se desplomó, cuando nos enteramos de que se puso a un policía con recomendaciones de derechos humanos, que no ha sido nada amable con los defensores de los migrantes ni con la Iglesia católica en Puebla.

Solalinde Guerra criticó que el gobierno de Enrique Peña Nieto siga la misma línea de Estados Unidos, porque criminaliza al indocumentado, cuando los migrantes sólo son personas con irregularidades administrativas, mas no son delincuentes.

El sacerdote católico explicó que si el gobierno federal quiere darle un rostro nuevo al INM tiene que quitarle las funciones de seguridad, pues no debería tener la facultad de detener y encarcelar a indocumentados en los puestos migratorios.

–¿Cómo califica la actuación del INM en el sexenio reciente?

–El trato hacia los transmigrantes y defensores de derechos humanos ha sido de lo peor, y contra mí persona también. Yo tuve dos denuncias de dos delegados de Migración; por cierto, uno del estado de Puebla, a cargo de Rocío Sánchez, por trabajar en favor de los indocumentados.

Además, Solalinde lamentó que autoridades municipales y la policía local estén coludidas con la delincuencia organizada para secuestrar a los migrantes.

Sostuvo que México está nadando en la corrupción, y hay que volver a la fortaleza de la comunidad.

Durante su visita, el sacerdote nombró al municipio de Rafael de Lara Grajales pueblo defensor de los derechos humanos.

Piden consolidar una política de Estado que atienda los aspectos vulnerables en la materia

Fabiola Martínez

Un colectivo de organizaciones civiles defensoras de migrantes advirtieron que la Secretaría de Gobernación debe mostrar, con acciones, que dará un enfoque distinto a este sector, que no se sustente, como ha ocurrido hasta ahora, en la seguridad.

Acerca del nombramiento de Ardelio Vargas al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), Nancy Pérez, coordinadora de Sin Fronteras, precisó que si los perfiles de los anteriores comisionados no dieron los resultados esperados, tampoco está garantizado que con los antecedentes de este funcionario (Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Agencia Federal de Investigaciones y Policía Federal Preventiva) se atienda al organismo, el cual se encuentra en crisis. Sin embargo, dijo, le concede el beneficio de la duda.

El colectivo pidió que se convoque de inmediato a sesión del Consejo consultivo de política migratoria de la Secretaría de Gobernación y del Consejo ciudadano del INM, los cuales no se han reactivado desde su presentación, en noviembre pasado.

Nancy Pérez advirtió que el INM es un organismo que continúa en crisis, por lo cual confía en que no se retrase más la convocatoria a estos consejos.

Las organizaciones civiles firmantes en el documento difundido este miércoles partimos de la base de otorgar un voto de confianza (a Ardelio Vargas), pero ello es sólo un momento para pedir una atención clara del Ejecutivo para un cambio en esta materia, dijo en entrevista.

En el comunicado, las organizaciones civiles que realizan trabajo permanente de apoyo a los migrantes en el país señalan que el tema debe ser atendido con un enfoque regional y afirman que debe consolidarse una política de Estado que atienda los aspectos vulnerables asociados a la migración. Además de que se garantice a los extranjeros que ingresan a México la protección de sus derechos fundamentales.

El nombramiento del comisionado del INM, después de mes y medio (de iniciado el sexenio de Enrique Peña), es una señal de alarma. La falta de liderazgo en una institución en crisis, como el instituto, puede tener consecuencias de gravedad, se advierte en el boletín de las organizaciones no gubernamentales.

Hacen un llamado al gobierno federal a retomar de inmediato el diálogo y a facilitar la participación de los grupos en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en aspectos relacionados con la migración.

Piden que se reconozca la labor de los defensores de los derechos humanos de los migrantes y que se adopten medidas para prevenir que éstos sean hostigados y criminalizados, así como dar respuesta integral a las personas en tránsito que son víctimas de un delito.

El pronunciamiento fue firmado por más de 40 organizaciones civiles y activistas.