A solicitud de Acción Nacional, pero con cambios exigidos por el PRI, la Tercera Comisión de Hacienda de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar que la Secretaría del Medio Ambiente realice un estudio para determinar el impacto ambiental de la industria cementera nacional, sobre todo las instalaciones que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.

Inicialmente, la propuesta solicitaba el estudio por el presunto daño al ambiente generado por la cementera Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, ubicada en la comunidad indígena ñañú de Hidalgo, pero el PRI insistió en que la Comisión Permanente no podía enfocarse en una sola compañía.

Porque entonces tendremos aquí a cabilderos para presionarnos de actuar contra determinadas empresas, arguyó el senador Manuel Cavazos Lerma (PRI).

El punto de acuerdo, que será presentado en la sesión de hoy, expresa sin embargo que, en sus operaciones, la citada compañía despide polvos que caen en los alrededores, los cuales dañan directamente a los habitantes y, en general, todo el ecosistema de la comunidad indígena.

También refiere que, durante una reunión con representantes del pueblo, se informó que la trituradora funciona presuntamente con severas irregularidades a la normatividad ambiental con la que debía cumplir para llevar sus actividades.

Con la redacción propuesta por el PRI, se acordó solicitar a la Sermarnat realizar estudios de impacto ambiental a todas las cementeras, con la coadyuvancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones académicas y de investigación.