La creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) en 1996 fue un primer paso muy bueno para resolver los conflictos entre galenos y pacientes por vías alternativas a la judicial. Falta reforzarla y superar las limitaciones legales que enfrenta en su quehacer, las cuales, explican la desconfianza que persiste en algunos sectores de la sociedad, admitió José Meljem Moctezuma, titular del organismo.

Poco a poco, dijo, la Conamed ha ganado cierta credibilidad. Las personas que acuden a ella se van satisfechas en su mayoría. Hay esfuerzos institucionales para mejorar y tratar de entender mejor la queja, escuchar a los usuarios y orientarlos de manera eficaz.

Meljem Moctezuma está al frente de la comisión desde noviembre de 2011, primero como encargado de despacho y a partir de febrero de 2012 como comisionado nacional. Hace unos días fue ratificado en el cargo por la secretaria de Salud, Mercedes Juan López.

En entrevista, el funcionario también reconoció que pese al tiempo transcurrido, todavía hay la percepción en la sociedad de que la Conamed es una autoridad y, como tal, puede actuar, o se piensa que depende de la Secretaría de Salud (Ssa) y entonces funge como juez y parte. Nada de esto es cierto, afirmó Meljem.

La Conamed tiene plena autonomía y está garantizada la imparcialidad, confidencialidad y gratuidad de sus servicios. Hay resultados, quizá no los que quisiéramos, reconoció.

–¿Cuáles son las limitaciones de la comisión?

–El único sustento legal es el decreto de creación que nos da algunas facultades, pero en el trabajo con las instituciones públicas, aunque tenemos acuerdos de coordinación, prevalece su propio marco jurídico y su forma de atender las quejas. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Si bien tenemos derecho de pataleo, pensamos que los asuntos deben atenderse completamente aquí y las instituciones deben someterse a la intervención de la Conamed. Pero con el IMSS nunca pasa. Y eso sucede porque es voluntario aceptar la participación de la Conamed.

–¿Se requiere una ley?

–Necesitamos seguir avanzando para fortalecer a la comisión y que cuente con instrumentos legales frente a una situación elemental: el médico tiene una responsabilidad moral, social, profesional y ética, y lo único que pedimos es que dé la cara. No tiene que someterse al procedimiento arbitral, pero que venga.

–¿No prosperó la iniciativa de hacer recomendaciones a las instituciones donde se presentan las quejas?

–Cuando identificamos que hay problemas, lo vemos… no en todos los casos por falta de personal. Hablamos con el director del hospital y le recomendamos acciones. Pero no hay todavía la retroalimentación para resolver las deficiencias.

–¿Qué pasó con la iniciativa de ley sobre controversias médicas?

–Fue un proyecto que se aprobó en febrero de 2012 en la Cámara de Diputados pero se atoró en el Senado. Tenía cosas muy buenas, porque proponía fortalecer la Conamed, y otras que eran muy negativas, como la amenaza del uso de la fuerza pública, arresto y multa para los médicos que se negaran a atender un citatorio de la comisión.

Lo malo fue que no hubo la posibilidad de enmendar el documento y reconocer los aspectos positivos para sacarla adelante. Pero ahí está y podría retomarse.

–¿Cómo se puede mejorar la confianza de los usuarios?

–Tenemos que conocer más de la queja. Ahora se atiende de forma diferente. Las personas vienen enojadas, lastimadas, en duelo. Pueden o no tener razón. A nosotros nos toca atender, escuchar y orientar. Buscamos comprender el problema y una vez que se levanta la queja, tratar de lograr la conciliación y, en su caso, proponer el arbitraje, aunque en ambos se requiere la voluntad de las partes. Con una que se niegue, el procedimiento no avanza.

Otro aspecto es la responsabilidad profesional del Estado. No existe un reglamento pero consiste en que si no hay lo que debe haber para la prestación del servicio médico existe una responsabilidad de la organización, que es el Estado, y debe reparar el daño.

–¿Existen instrumentos para la reparación del daño?

–Sí y los mismos deberían utilizarse para favorecer la confianza de los médicos hacia la Conamed y los medios alternativos para la solución de controversias, así se evita que los casos lleguen a tribunales.

En las instituciones públicas de salud el personal cuenta con la protección de una póliza de responsabilidad, la cual abarca la asesoría legal y recursos para la reparación del daño. Pero sólo con la Ssa hemos logrado un acuerdo para que por esta vía se apoye a los médicos y unidades de salud acusados de mala práctica profesional.

–¿Por qué las quejas sobre los servicios médicos se siguen presentando ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?

–Ese es un tema pendiente y complicado. La línea es muy delgada entre la protección del derecho a la salud, que es un derecho humano y la mala práctica médica. En la administración está clara la separación, pero en la vida real hay dificultades para diferenciarlos.