La falta de una política agropecuaria acorde al cambio climático, de tecnificación, así como el abandono de las tierras mantiene a la agricultura en una situación compleja que se refleja en los elevados volúmenes de importaciones de granos y oleaginosas, y deja en la incertidumbre a ejidatarios y comuneros, propietarios de prácticamente la mitad del territorio nacional, expuso Víctor M. Villalobos Arámbula, director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Aseguró que los problemas políticos, administrativos y técnicos para ofrecer alimentos más baratos a la población pueden resolverse con un programa que impulse a los mercados locales y privilegie el desarrollo de la agricultura campesina. No sólo se trata de producir más en la misma superficie con menos agua, sino realmente impulsar la inversión privada y pública en el sector agropecuario, facilitar el acceso de los productores a los mercados, estrechar la vigilancia en la sanidad e inocuidad de los productos del campo y desarrollar diversos tipos de agricultura.

México tiene las técnicas y la riqueza humana para producir los suficientes granos y oleaginosas, protegerse de la especulación internacional y no depender de las importaciones. “El país desarrolló capacidades para tecnificar el campo en el norte y el centro, pero el uso excesivo de los fertilizantes y de agua han impactado la productividad en esa región; ahora se tiene como objetivo desarrollar al sur-sureste, para lo cual se requiere un programa específico, ya que tiene una orografía, clima y suelos diferentes. Tener en cuenta que desarrollar semillas para ese tipo de suelo –que tiene alto contenido de aluminio– requiere de al menos 10 años”, especificó en entrevista.

Destacó que la mayoría de los 29 mil 441 ejidos y 2 mil 344 comunidades –según un estudio que realizó el IICA conjuntamente con el Registro Agrario Nacional– carecen de tecnificación y hay abandono, porque no hay programas sólidos para la agricultura ejidal ni se han concertado con los propietarios de la tierra social políticas para atenderlos de manera integral. La agricultura es una actividad multisectorial en la que deben estar involucradas las secretarías de Hacienda, Economía, Educación, Comunicaciones y Transportes, Salud, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En entrevista, Villalobos Arámbula sostuvo que, en medio año, el IICA puede realizar un estudio de la agricultura familiar en México y, a partir de ello, realizar una serie de recomendaciones, especificar dónde están las fallas y los aciertos; cuenta con el personal capacitado y la experiencia para llevar a cabo programas de desarrollo agropecuario en países del Caribe y Latinoamérica. Incluso el proyecto de agricultura familiar que desarrolla en El Salvador para beneficio de 16 mil familias, con nueve cadenas de producción, entre ellas la de maíz, y puede reproducirse con éxito en algunas comunidades indígenas de Oaxaca.

Para entrar al mundo de la seguridad alimentaria hay que fortalecer la agricultura familiar y los pequeños mercados, insistió.

De su lado, la Sagarpa informó que el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (Pesa) creció de 16 a 20 estados para desarrollar y fortalecer las capacidades productivas de pequeños productores y comunidades consideradas como de alta y muy alta marginación, y analiza la eficacia de diversos programas para redirigir los recursos al fondo de apoyo rural para contingencias climatológicas.

El Pesa, cuyo presupuesto para este año es de 3 mil millones de pesos, se extenderá a Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Yucatán, además de continuar aplicándose en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, estado de México y San Luis Potosí.