Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD; Leticia Quezada, presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México, y el abogado Samuel González Ruiz demandaron ayer que el gobierno federal y la Cámara de Diputados otorguen recursos adicionales a los municipios para hacer frente a la Ley de Víctimas, o de lo contrario será letra muerta.

El problema es que no se precisa en dicha ley a qué víctimas se debe atender; el concepto es muy amplio, y los municipios no tienen recursos para dar respuesta a esas demandas, señalaron.

En conferencia de prensa, Quezada precisó que como no hay precisión al concepto de víctimas del delito que deberá atender la ley, quedó muy amplio, y en la redacción de la norma publicada el pasado 9 de enero se establecen múltiples obligaciones para las delegaciones y municipios, pero para llevar a cabo su cumplimiento se requieren recursos.

Sin embargo, insistió Quezada, ese dinero no fue considerado en ningún rubro del presupuesto 2013, con lo que existe un riesgo real de que las autoridades municipales y delegacionales puedan caer en omisión y por tanto en una responsabilidad no sólo directa con el ciudadano, sino hasta de carácter penal y administrativo, debido a que las autoridades tendrán que pagar medicinas, consultas o prótesis que requiera un ciudadano víctima del delito.

Sánchez Camacho refirió que el gobierno de Felipe Calderón argumentó que la Ley General de Víctimas no tenía sustento sobre la reparación del daño, y que el Congreso no tenía atribuciones directas para determinar las acciones de los estados en la materia, por lo que era necesario una reforma constitucional.

Una vez publicada, sostuvo, el PRD mantendrá una estrecha vigilancia del cumplimiento de la ley, que en buena medida es un triunfo de los ciudadanos y por tanto la legislación que protege a las víctimas de la violencia no debe quedar como letra muerta.

Añadió que con nuestros legisladores en las cámaras de Diputados y Senadores impulsaremos las modificaciones que se requieran a dicha ley, para que en los hechos sea una realidad.

Cuestionado sobre si debería precisarse o acotarse a que víctimas debería atender la ley, Sánchez Camacho dijo: que sea el Legislativo el que haga esta valoración; lo que nos toca a nosotros, una vez que se publicó y que en 30 días estará vigente, es que el gobierno federal debe garantizar el presupuesto para que tenga efectividad.