Saltillo, Coah., 12 de enero. Mediante una iniciativa para crear la ley de extinción de dominio que el gobierno de Coahuila envió la semana pasada al Congreso estatal, pretende incautar los bienes inmuebles de quienes incurran en secuestro, narcomenudeo, robo de vehículos con violencia y tráfico de personas, pero según la propuesta, el Ministerio Público procedería aun cuando no exista la sentencia judicial que compruebe el delito.

También serían embargados los bienes de los presuntos delincuentes que se encuentren fuera del territorio estatal.

El gobernador Rubén Moreira dijo que los inmuebles se podrían aprovechar en actividades relacionadas con la seguridad pública y la rehabilitación de las víctimas de los delitos.

La extinción de dominio procederá aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para comprobar el hecho ilícito.

Esto último se entiende, dice la iniciativa, cuando se reúnan indicios respecto de los elementos objetivos o externos y en su caso normativos de los delitos, aun cuando no se haya determinado quiénes intervinieron en él o el carácter de su participación.

Si el presunto responsable del delito muere no se anula la acción de aseguramiento de sus bienes e incluso las autoridades podrían hacerse de ellos si las propiedades se encuentran fuera de Coahuila.

Esta ley se aplicará con inmuebles ubicados en el estado de Coahuila. Cuando se encuentren fuera del mismo, se dará vista a la autoridad competente de dicho lugar, sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para la procedencia y tramitación de la acción hasta su conclusión en este estado.

La iniciativa es revisada en la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso local y en el periodo ordinario de sesiones que inicia en marzo podría turnarse al pleno.

Si prospera, daría facultades a la Procuraduría General de Justicia del Estado para resguardar y hacer uso de casas, edificios y otros inmuebles propiedad de los procesados por los delitos referidos.

Las propiedades en renta también se podrían incautar si sus propietarios, al tener la sospecha de que son utilizadas para actividades delictivas, no lo notifican a la autoridad.

El gobernador consideró: Se trata de establecer reglas para quienes no las respetan. Que el delincuente sepa que no tiene esperanza de que con el fruto de fechorías podrá dejar un bien a sus familias. Vamos a ir por esos bienes, para dárselos a la comunidad que ofendieron, dijo al firmar la iniciativa de ley.