Sergio Raúl Arroyo, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), confirmó a La Jornada lo publicado en estas páginas: los estudios para garantizar que no se afectaría el patrimonio arqueológico durante la construcción de una tienda de autoservicio en Teotihuacán se hicieron después del otorgamiento del permiso a la empresa Wal-Mart.

En entrevista, el funcionario insistió: en el INAH no hay ningún indicio de corrupción, en respuesta al revuelo suscitado ayer, cuando dos congresistas estadunidenses divulgaron documentos que podrían demostrar la corrupción de autoridades mexicanas en la construcción en el país de varias tiendas de la trasnacional, polémica que revivió en diciembre un reportaje del diario The New York Times.

Se trata, todo esto, de una terrible guerra comercial, en la que han puesto al INAH en medio, añadió Arroyo al explicar que los documentos que acompañan la carta que este jueves enviaron Elijah E. Cummings, miembro del comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, y Henry A. Waxman, miembro del Comité de Energía y Comercio (ambos miembros del Congreso de Estados Unidos), a Michael T. Duke, presidente ejecutivo de Wal-Mart Stores, no contienen ningún elemento probatorio de que funcionarios del instituto hubieran recibido sobornos en 2004 para facilitar la instalación de una Bodega Aurrerá en el perímetro C de la zona arqueológica de Teotihuacán.

Declaraciones inconsistentes

En la misiva, los legisladores demócratas encargados precisamente de investigar a Wal-Mart solicitan a Duke explicar antes del 24 de enero de 2013 su conocimiento de las acusaciones de sobornos en Teotihuacán (...) Nos preocupa que las declaraciones públicas de que su empresa no estaba al tanto de las acusaciones parecen inconsistentes con documentos que hemos obtenido a través de nuestra investigación. En contra de los comunicados de Wal-Mart, los documentos parecen mostrar que usted recibió información directa de las acusaciones en octubre de 2005.

Detallan que “documentos obtenidos por nuestros colaboradores de una fuente confidencial indican que usted y otros altos ejecutivos de Wal-Mart fueron informados personalmente en múltiples ocasiones de esas acusaciones de sobornos. Por ejemplo, el primero de noviembre de 2005, Maritza Munich, entonces abogada general de Wal-Mart International, les envió un mensaje de correo electrónico a usted y a otros importantes ejecutivos de Wal-Mart acerca de acusaciones específicas hechas por Sergio Cicero Zapata, el ex abogado interno de Wal-Mart de México que estaba a cargo de obtener permisos de construcción en todo México, relativas a los sobornos pagados para obtener los permisos para la tienda en Teotihuacán. Su mensaje presentaba un resumen de una entrevista con el señor Zapata, el cual señalaba: ‘Los pagos en el sitio de Teotihuacán se hicieron sólo a la mayoría del cabildo municipal por la dificultad de dirigirse a todos los partidos políticos. A la larga, el acuerdo sólo se alcanzó con los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) (suficientes para asegurar la mayoría) por un pago neto total de 1.2 millones de pesos’.

“El documento también afirmaba: ‘De la misma forma, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) requirió una donación oficial de 500 mil pesos y también un regalo personal irregular de 400 mil pesos para el director del INAH’.”

De acuerdo con información recabada por el corresponsal de La Jornada, Javier Salinas Cesáreo, en 2004, el entonces alcalde perredista de Teotihuacán, Guillermo Rodríguez Céspedes, aseguró que Wal-Mart intentó hacer el donativo de 600 mil pesos a los representantes de la delegación y del consejo de participación ciudadana del barrio La Purificación, comunidad donde se edificó la tienda Aurrerá, para acallar las voces de protesta.

Dicha cantidad intentó darse a través de la tesorería municipal, pero como esto fue rechazado, la entrega se dio directamente a los representantes vecinales, según dijo el funcionario en su comparecencia ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRD el 27 de septiembre de 2004.

En ese entonces, el alcalde perredista de Teotihuacán había sido criticado y señalado por haber otorgado los permisos. El edil fue llamado a comparecer por la dirigencia nacional de su partido. En esa reunión, el alcalde reconoció la oferta de un donativo al ayuntamiento por parte de Wal-Mart; sin embargo, dijo que fue rechazado y recomendó a los directivos de la empresa que si querían hacer un donativo hablaran con los habitantes de La Purificación.

A raíz de ello, el barrio de La Purificación recibió 600 mil pesos para realizar mejoras en su cementerio, se explica en la minuta de la comparecencia, cuya copia tiene La Jornada.

Entre los documentos que presentaron ayer los congresistas Cummings y Waxman en su página de Internet (democrats.energycommerce .house.gov) aparece un e-mail enviado por el abogado mexicano Juan Francisco Torres Landa, contratado en 2005 por Maritza Munich, para que indagara los señalamientos de corrupción en México hechos por Sergio Cicero Zapata.

Sergio Raúl Arroyo, director del INAH, declara que no existe ningún indicio de corrupción dentro del instituto ligada al escándalo de Wal-MartFoto Pablo Ramos García

Historia espantosa y kafkiana

Respecto a Teotihuacán, el mail señala: El Instituto Nacional de Antropología e Historia pidió una donación oficial de 400 mil pesos, pero el presidente (sic) del INAH recibió un pago irregular de 150 mil pesos para dar aprobación al sitio de construcción correspondiente, dada su proximidad al sitio arqueológico. La construcción estaba en marcha cuando, en agosto de 2004, el presidente municipal alertó a la compañía sobre los problemas con ciertos representantes del mercado público y callejero. El problema estalló porque se subestimó a esos grupos. Aunque el ruido generado por esos grupos se apagó con el tiempo, el potencial de que el problema cobre fuerza de nuevo sigue allí.

No obstante haber aparecido el reportaje de The New York Times el 17 de diciembre pasado, apenas ayer aceptó ser entrevistado el director del INAH para dar su opinión acerca de la que llamó historia espantosa y kafkiana.

Explicó que fue entrevistado en octubre de 2012 por el diario estadunidense para hablar de un tema que, consideró, fue bastante aclarado por el mismo en 2004 cuando ocupaba por primera ver la dirección del INAH.

“Los documentos que muestran ahora los congresistas son de ese tiempo y como lo comenté a la periodista del diario estadunidense, son resultado de un problema de un ex empleado de Wal-Mart, quien los difundió en Estados Unidos para señalar la actitud de esa empresa, pero que no tienen ningún elemento probatorio.

Se trata de un asunto ligado a un conflicto interno de esa empresa. En mi calidad de director del INAH, desde 2004 recorrí todas las instancias para aclarar el asunto: la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y las redacciones de varios periódicos. Siempre mostramos cómo había sido el actuar de la institución, siempre apegado a la ley. Demostramos que ningún funcionario incurrió en elementos de corrupción, y seguimos en esa postura; estamos abiertos a mostrar los documentos cuando sea necesario, dijo Sergio Raúl Arroyo.

Añadió que calló las recientes semanas porque por iniciativa propia volvió a enviar a la SFP y a la PGR toda la documentación, y que debido a una táctica errónea estaban esperando a que esas instancias emitieran una resolución, por lo que se dio la impresión “de que el que calla otorga, pero no es nuestro caso.

“En el INAH no tenemos ningún indicio de que Maribel Miró, entonces directora del Centro-INAH Estado de México, ni ningún arqueólogo haya recibido un soborno, pero sí señalo que la empresa Wal-Mart había ofrecido recursos para arreglar el Puente del Emperador, un monumento histórico ubicado en el predio; se rechazó este donativo, y di instrucciones, como lo menciono en la entrevista con The New York Times, de que nadie aceptara ni unas tijeras de esa empresa”.

Arroyo señaló que Wal-Mart, a través de su representante en México, Arrendadora de Centros Comerciales, pagó los trabajos de salvamento arqueológico, como lo hace toda empresa en cuyas construcciones debemos intervenir.

El director del INAH confirmó que, como lo publicó La Jornada, se otorgó a la trasnacional el permiso de construcción con base en el supuesto de que en el terreno no había presencia de estructuras arquitectónicas prehispánicas, de acuerdo con estudios realizados en la década de los años 70 del siglo pasado y en unos trabajos de salvamento realizados en 1984.

Esa autorización, firmada por Maribel Miró el 19 de mayo de 2004, tenía que sujetarse a varios lineamientos, entre ellos que cuando se realizaran las excavaciones para la cimentación e infraestructura se debería contar con la presencia de un arqueólogo para realizar el rescate de los materiales arqueológicos que se pudieran encontrar.

Con respecto al uso del georradar, ya estando la tienda levantada, afirmó que debido a la politización que adquirió la construcción, se decidió, adicionalmente, usarlo.

El funcionario calificó de negra fantasía las versiones que circularon entonces que se había arrasado con un juego de pelota: en Teotihuacán no hay presencia de estas estructuras, y reiteró que la polémica se debe a una fuerte guerra comercial en la que el INAH está metido a la mitad.

Insisto: la construcción del Wal-Mart en Teotihuacán no fue una decisión unipersonal. En esta guerra comercial han metido al INAH con elementos infundados y perversos. No hubo omisión de nuestra parte, todo lo que se ha afirmado en contra es especulativo e inverosímil. En el instituto tratamos de dar transparencia a este tema.

–¿Qué fue entonces lo que facilitó la instalación de la tienda en esa zona arqueológica?

–Una insuficiencia en términos legales. Siempre hemos querido incidir de manera más profunda en los planes parciales de desarrollo urbano en diversas zonas del país, pero no tenemos facultades. En ese punto es donde hay que fortalecer al instituto por medio de una reformulación de las leyes correspondientes.

Traducción de documentos del Congreso de Estados Unidos: Jorge Anaya