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Por el fortalecimiento de los derechos de los migrantes
E

l pasado 18 de diciembre de 2012 se conmemoró el Día Internacional del Migrante, dándose a conocer algunos datos en la materia por la Organización de Naciones Unidas, de los cuales destacamos algunos.

En 2010 se estimaba que había 214 millones de migrantes y cada día aumenta la cifra. Una de cada 33 personas en el mundo es migrante. Las mujeres representan casi la mitad del total mundial (49 por ciento) y son más numerosas que los varones migrantes en los países desarrollados. Los migrantes enviaron 440 mil millones de dólares a sus países de origen en 2010. Los principales países beneficiados por las remesas son India, China, México, Filipinas y Francia. Los países de donde envían más remesas son Estados Unidos, Arabia Saudita, Suiza y Rusia. En 2000, casi seis de cada 10 migrantes con educación superior que residían en países de la OCDE procedían de países en desarrollo.

México es el primer país origen de migrantes en América Latina, habiendo cambiado sus patrones migratorios: inicialmente viajaban hacia Estados Unidos residentes de zonas rurales, quienes se incorporaban a labores agrícolas en los campos de cultivo de ese país, para regresar posteriormente a sus hogares en México, en una migración de carácter cíclico.

México supera en población migrante a India y China, países con mucha mayor población. Información publicada en agosto de 2012 en El Universal precisa que nuestro país es el principal expulsor de migrantes del mundo, según un informe de la ONU Habitat en su estudio Estados de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana. El estudio refiere que México es el lugar de origen del mayor número de migrantes del mundo (casi 12 millones de mexicanos residen en el exterior, lo que equivale a 10.7 por ciento de su población), además de ser territorio de tránsito para emigrantes de otras nacionalidades.

El principal destino migratorio de los mexicanos es Estados Unidos. Existen estadísticas conforme a las cuales más de 10 millones de habitantes de ese país nacieron en México pero emigraron hacia allá y permanecieron para hacer una nueva vida. Según otra fuente de información, son 11.2 millones de habitantes de Estados Unidos quienes nacieron en México y decidieron radicar en esa nación.

Estos intensos flujos migratorios, cuya magnitud tiende a aumentar también a otros países, considerando que cada vez más mexicanos se incorporan a la globalidad, hace impostergable que se adecue la realidad normativa e institucional relativa a los migrantes mexicanos, y que en el país se cuente con instancias que atiendan la diversa problemática que se genera por la migración –sea ésta regular o irregular– y respondan a las nuevas demandas generadas por una dinámica inédita que ha venido a modificar la realidad social de millones de familias en ambos lados de la frontera.

Para 2011 las remesas enviadas por los migrantes mexicanos fueron del orden de 22 mil 803 millones de dólares, en tanto que hasta septiembre de 2012 las divisas recibidas en el país ascendieron a 17 mil 266.8 millones de dólares, faltando integrarse a esta cifra la información de las divisas recibidas en el último trimestre de 2012 aún no publicada a la fecha por el Banco de México. Esto corrobora que las divisas se han convertido en un motor de la economía mexicana y un canal de ingreso de recursos externos equiparable a los ingresos petroleros e incluso superior a la inversión extranjera directa y al turismo como fuentes tradicionales de captación de divisas provenientes del exterior.

De no ser por las remesas, posiblemente el gobierno federal tendría presiones y problemas sociales, que disminuyen con los envíos provenientes del exterior, que aun siendo de relativamente poca cantidad –un promedio de 300 dólares por mes por cada remesa– contribuyen significativamente al sostenimiento de las familias receptoras. No obstante, las remesas en muchos casos no son seguras, ya que gran parte de los migrantes se encuentran en una situación irregular, condición que los hace vulnerables a las políticas antimigrantes y a la impredecible dinámica de la economía estadunidense.

Desde una perspectiva de derechos humanos, se justifica la existencia de una ley que proteja a nuestros migrantes y sus familias y un organismo especializado que asesore y pueda contribuir al respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Bajo el principio de equidad de las leyes, los migrantes de otros países que sufran en México el abuso de la autoridad deben contar con una figura institucional que garantice su integridad y todos los derechos que como seres humanos deben gozar.

El Estado mexicano puede formular una alternativa institucional viable, consistente en la creación de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que unifique la acción de las instituciones que atienden a los migrantes y tenga como principal objetivo la protección de los migrantes mexicanos.

Este organismo habrá de brindar a los migrantes –sean nacionales o extranjeros– dentro de nuestro propio país la asistencia para la defensa de los derechos que les otorgan las leyes mexicanas. Fuera del territorio, los emigrantes mexicanos requieren de una defensa especializada que sea acorde con una política nacional que tutele sus derechos y aquellos que les conceden las legislaciones de los países donde se encuentran.