Al inicio con timidez y de manera aislada aparecieron en el salón Adolfo López Mateos de la residencia presidencial pequeños carteles con una fotografía y el nombre de la víctima. Pero ya para la mitad de la ceremonia, y más aún cuando el orador era el presidente Enrique Peña –último del programa–, además de decenas de ilustraciones se mostraron también pancartas.

En medio de esa atmósfera, algunas mujeres no podían contener el llanto y en momentos había sollozos que atravesaban el recinto.

Cuando la voz oficial dio por concluido el acto donde se anunció la publicación de la Ley General de Víctimas y el titular del Ejecutivo inició el recorrido para despedirse de mano de los asistentes, de inmediato los llevados ahí –y a cualquier sitio donde la esperanza de justicia los llame– lo rodearon para, así fuera a trompicones, darle santo y seña de su caso.

Casi todos le señalaban la importancia de la expedición de la nueva norma, pero de inmediato le denunciaban la falta de acción de las autoridades para resolver sus casos. Hubo también quienes, como José Antonio Robledo, le reclamó: señor Presidente, ¿por qué faltó aquí el inepto Poder Judicial?

Las diversas y numerosas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos participantes en la ceremonia también se referían positivamente a la muestra de sensibilidad y voluntad política del gobierno federal al cumplir su compromiso con la Ley General de Víctimas, pero también adelantaban que ya están listas las reformas a la misma y que incluso las acordaron ya con el gobierno federal en un documento elaborado el pasado 9 de diciembre. En éste –adelantaron– se conviene en reordenar todo el texto de la legislación.

Adentro, mientras tanto, y a medida que pasaban por el proceso de hablar con Peña Nieto, espontáneamente muchos subían al estrado y con sus eternos retratos empezaron a lanzar sus consignas de desesperación y lucha: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos y ¿Dónde están nuestros hijos?!

Se trataba de un hecho inédito, a decir de quienes han asistido en los últimos sexenios a las ceremonias solemnes en la casa presidencial. Porque en primer lugar, aunque el Estado Mayor había hecho pasar por el largo y tedioso requisito de ingreso a los consignados en las listas de control como invitados de Javier Sicilia y a los representantes de organizaciones de la sociedad civil, no requisaron sus carteles y mantas; tampoco trataron de atajarlos cuando las mostraban ya iniciada la ceremonia y, lo más insólito, permitieron la manifestación y la exigencia de justicia cuando aún Peña Nieto no salía del lugar.

Y en efecto, el titular del Ejecutivo no cesaba el diálogo. Recibía los testimonios, disponía al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a que atendiera cada caso en particular y apelaba a la comprensión ante cada solicitante por el tiempo que nos llevará ir armando, decía, el sistema nacional de víctimas.

Todavía antes de salir, los padres de Juan Eduardo Olivares Rodríguez, levantado y desaparecido en el estacionamiento de la terminal de autobuses de Tampico, el 1º de septiembre de 2011, alcanzaron a relatarle cómo, no obstante existir un video donde claramente se muestra el hecho y los autores, no han recibido justicia. Y si bien hay un detenido, está a punto de quedar libre porque la PGR no logra identificarlo en la grabación.

De nuevo, como en todos los relatos anteriores, Osorio Chong quedaba encomendado para atenderlos.