El índice de pobreza de México es el más alto de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), particularmente entre la población indígena, señala la Tercera evaluación del desempeño ambiental de México, que realizó el organismo internacional. Advierte que, debido a la productividad relativamente baja, los niveles de desigualdad están entre los más altos de los países miembros.

Se han aplicado muchos subsidios por largo tiempo para aliviar la pobreza, pero la mayoría han sido más benéficos para los ricos que para los pobres, indica el documento. Veinte por ciento de la población más pobre capta apenas 11 por ciento de las subvenciones sobre la tarifa residencial de energía eléctrica y menos de 8 por ciento de las destinadas a combustibles, detalla.

Explica que durante 2008 los subsidios a energía costaron más del doble de lo gastado en programas de lucha contra la pobreza. Estas subvenciones ineficientes podrían ser remplazadas con gasto social directo, lo que aportaría beneficios considerablemente mayores a los pobres.

Este fue uno de los ejes del discurso que pronunció el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, durante la presentación de la evaluación, a la cual asistieron el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, y el director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, así como embajadores y funcionarios del sector ambiental.

Gurría Treviño sostuvo que en el país aún hay retos importantes en materia ambiental. Actualmente, aseveró, los costos por la degradación y agotamiento de los recursos naturales ascienden a 7 por ciento del producto interno bruto (PIB). Expresó que el país puede y debe hacer más, y se deben adoptar acciones inmediatas en materia de subsidios al consumo de energía y uso del agua, pues resultan onerosos.

Resulta que por la vía de los presupuestos públicos estamos redistribuyendo el ingreso a la inversa, dándole menos a los que necesitan, y, por tanto, reduciendo los montos que podemos otorgar a los que requieren más. Esto es una enorme paradoja en un país que tiene tantas necesidades, indicó.

Medidas difíciles

El documento advierte que, como economía emergente, México debería adoptar decisiones difíciles en la consecución simultánea de sus objetivos económicos, sociales y ambientales. Aunque ha aumentado la inversión pública en infraestructura relacionada con el medio ambiente, las políticas han incluido subsidios indirectos para ayudar a los pobres, como la disminución de precios de energía y agua, en lugar de transferencias sociales directas.

Destaca que se requieren mayores esfuerzos para mejorar la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental, así como la participación pública en la toma de decisiones. La capacidad de las instituciones ambientales estatales permanece débil y existen obstáculos institucionales considerables en materia de eficiencia y coordinación.

Considera que ampliar el uso de impuestos relacionados con el medio ambiente y reformar subsidios que lo dañan podría contribuir a la internalización de los costos ambientales en el sistema de precios, lo cual es un prerrequisito para combatir el cambio climático y atender otros problemas ambientales. Además, agrega, ayudaría a equilibrar la estructura fiscal del país, al aplicar impuestos diferentes.

Menciona que en el país hay una amplia gama de instrumentos de política para promover la conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y de los bosques, los cuales se encuentran dominados por los subsidios, muchos de los cuales tienen como objetivo mitigar la pobreza en las comunidades locales e indígenas que habitan en los bosques.