Amnistía Internacional (AI) demandó a la Secretaría de Gobernación asumir su deber de garantizar la seguridad y los derechos humanos. Esto, luego de las restructuraciones de la administración pública federal que le dieron a la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong la totalidad de las competencias de las instancias de seguridad pública en el país.

Exigió además investigaciones imparciales y exhaustivas sobre los miles de asesinatos y desapariciones suscitadas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico emprendida por la pasada administración, incluidos aquellos casos donde estén implicados agentes de seguridad.

En un pronunciamiento público, el organismo internacional de defensa de las garantías fundamentales consideró fundamental que tras las modificaciones en la administración pública se realice una auténtica transformación en el sistema de seguridad pública y que no sólo termine en cambios meramente cosméticos.

Las autoridades mexicanas –agregó– deben asegurar que las nuevas estructuras serán capaces de cumplir con su deber de garantizar la seguridad, al tiempo de respetar los derechos humanos.

Para esto no basta capacitación y equipamiento, es esencial también crear mecanismos de supervisión, rendición de cuentas y transparencia con base en las normas internacionales de derechos humanos.

AI refirió que el 3 de enero de este año la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal dejó de existir, siendo asumidas sus competencias por la secretaría de Gobernación, incluyendo la dirección de la Policía Federal.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, la SSP federal adoptó un rol protagónico en la estrategia de combate al crimen organizado, misma que ha dejado alrededor de 60 mil personas asesinadas y miles de personas desaparecidas. El uso de la tortura y malos tratos, así como detenciones arbitrarias ha sido rutinario por parte de las fuerzas de seguridad durante este periodo.

Por ello, demandó investigar y procesar a los funcionarios públicos implicados en las violaciones de derechos humanos en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, incluyendo la posible participación de integrantes de las fuerzas de seguridad en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias.

AI considera que conducir investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los miles de asesinatos y desapariciones que tuvieron lugar en los pasados años debe ser una prioridad, no sólo para garantizar acceso a la justicia para las familias de las víctimas, sino también para determinar los casos en que hubo participación o connivencia de agentes del Estado. Sin verdad, justicia y transparencia no será posible restaurar la confianza de la sociedad mexicana en la procuración de justicia y las fuerzas de seguridad.