Santiago, 7 de enero. La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), las fuerzas armadas y las policías de Chile se reunieron este lunes para analizar el origen de una serie de ataques ocurridos los últimos días en zonas mapuches del sur del país, que el gobierno cree que serían obra de un grupo terrorista financiado desde el exterior. La reunión especial, convocada tras el ataque incendiario en el que murieron el viernes dos ancianos de origen suizo, se realizó en estricta reserva y finalizó sin una versión oficial sobre el encuentro.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar este tema, al final de sendas reuniones con los jefes de los partidos políticos de la coalición oficialista y de la oposición, convocadas de urgencia.

La región de la Araucanía, unos 600 kilómetros al sur de Santiago, es el antiguo territorio de los mapuches, primera minoría indígena del país con unos 700 mil habitantes. La comunidad reclama la restitución de sus tierras ancestrales que fueron tomadas por el Estado en 1883 y hoy están en manos privadas y de grandes grupos forestales.

El ministro del Interior y Seguridad, Andrés Chadwick, reafirmó que el gobierno cree que en la región de la Araucanía opera un grupo terrorista pro mapuche, y aseguró que será combatido con decisión, fuerza y sin debilidades.

Este grupo, que el gobierno cree que recibe financiamiento del exterior, sería el responsable del atentado en el que el viernes el matrimonio Luchsinger murió calcinado tras el incendio de su vivienda en la localidad de Vilcún, y de la serie de agresiones que ocurrieron en la zona durante el fin de semana.

Tras este ataque, Piñera anunció un fuerte dispositivo policial. El gobierno invocó también la ley antiterrorista, normativa que endurece las penas y entrega a la justicia algunas facultades excepcionales, como extender indefinidamente las órdenes de prisión preventiva y estudia otros instrumentos, como el estado de excepción.

Líderes mapuches expresaron su rechazo al incremento del despliegue policial ordenado por el gobierno y llamaron a las autoridades al diálogo. No hay ninguna prueba de que los mapuches hayamos participado en estos hechos, dijo el líder indígena Aucán Huilcamán, quien externó su preocupación por la línea represiva del gobierno y que no haya canales de diálogo.

Por su parte, el presidente del opositor Partido Socialista, Osvaldo Andrade, pidió al gobierno mesura y proporcionalidad en sus acciones.