Cuernavaca, Mor., 7 de enero. Integrantes de la delincuencia organizada presionaron a algunos de los 33 alcaldes que asumieron funciones el primero de enero para que les permitan controlar las secretarías de seguridad pública y las áreas de gobernación y obras públicas en Morelos, reveló el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

En su conferencia de prensa de los lunes, el mandatario perredista reconoció que grupos delictivos controlaban esas áreas en administraciones anteriores o pretenden hacerlo a partir de este trienio.

Señaló que el objetivo de los criminales es tener policías municipales a modo, pero eso se les va acabar porque los directores de esos cuerpos de seguridad tienen que pasar por exámenes de control de confianza; si no, el alcalde se hace responsable, incluso penalmente.

El mandatario anunció que su gobierno tratará de impedir la apertura de más giros negros, donde la delincuencia busca lavar su dinero. Asimismo, no se permitirá que empresas de dudosa procedencia realicen obras públicas. Los contratos se asignarán a compañías acreditadas y legalmente establecidas, apuntó.

Instó a los 33 presidentes municipales a integrar el mando único estatal para garantizar la seguridad de los morelenses.

Aseguró que ningún municipio, ni siquiera Cuernavaca (capital del estado), tiene una corporación capaz de acabar por sí sola con la inseguridad.

Señaló que el asesinato del secretario de seguridad pública del municipio de Amacuzac, Justo Ventura Jaimes, y su escolta, Carlos Bahena Martínez, perpetrado la noche del pasado viernes, es un ejemplo de las presiones del crimen en la entidad, colindante con Guerrero, donde, según Graco Ramírez, existe una disputa territorial entre bandas delictivas.

En cuanto a este caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que llamará a declarar como testigos al senador perredista Fidel Demédisis Hidalgo, al alcalde de Amacuzac, Noé Reynoso Nava, del Partido Verde Ecologista de México, y al diputado local del Partido del Trabajo Alfonso Miranda Gallegos, pues participaron en una reunión que se realizó minutos antes del crimen.

El 27 de diciembre, Reynoso Nava denunció que Miranda Gallegos, diputado local y ex alcalde de Amacuzac, lo amenazó de muerte acompañado de policías municipales y otros hombres armados como si fueran de la delincuencia organizada.