No hay ninguna novedad en la actitud del actual gobierno, pues el presidente Enrique Peña Nieto declara una cosa y hace otra; no habrá cambios sobresalientes en la política hacia el campo, expuso Olegario Carrillo Meza, dirigente de Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca); consideraciones similares realizaron dirigentes de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), Central Campesina Cardenista (CCC), Unión General Obrero Campesina y Popular (Ugocp) y Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc).

Los dirigentes agrarios insistieron en que el gobierno debe reconocer la pluralidad que hay en el campo, pues la Confederación Nacional Campesina –única organización que fue invitada a la celebración en Veracruz del 98 aniversario de la Ley Agraria– no es la única agrupación representativa en el campo.

Max Correa, dirigente de la CCC, destacó que la lucha agraria no es patrimonio de una sola organización, sino un logro de todos los campesinos, por lo que consideró un retroceso que el PRI quiera mantener dicho acto conmemorativo como efeméride patrimonialista, sobre todo cuando el campo requiere de una nueva política para recuperar la soberanía alimentaria y superar las condiciones de desigualdad y pobreza en el medio rural y proteger los recursos naturales.

La interlocución con el gobierno debe ser con todos, pues la geografía sociopolítica en el medio rural ya cambió, hay muchas organizaciones campesinas, indigenistas y de productores en sus diversas ramas que tienen mucho que decir y proponer.

Rocío Miranda, dirigente de la UFIC, advirtió que la reforma administrativa con la que se aprobó el cambio de la Secretaría de la Reforma Agraria a la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), impulsa una mayor privatización de los ejidos y comunidades y afecta la soberanía alimentaria. Los cambios no están dirigidos a un desarrollo agrario sino a profundizar la privatización de la propiedad social.

Luis Gómez Garay, dirigente de la Ugocp, expuso que hay incertidumbre entre el campesinado por las nuevas atribuciones de la Sedatu y de la propuesta de reformar la Ley Agraria para promover la venta de la propiedad social, lo cual generará especulación en el mercado de tierras, acaparamiento y despojos.

El reto del gobierno de Peña Nieto es revertir el profundo atraso que hay en el agro y que afecta a millones de campesinos que han sido arrojados a la miseria, como efecto de la política equivocada en materia de desarrollo rural y agrario.

Se pronunció en contra de la reforma a la Ley Agraria, ya que se favorecerá el surgimiento de acaparadores de tierra y en el corto y mediano plazos habrá una gran masa de desposeídos sin medios para trabajar que presionarán al gobierno para sobrevivir.

Marco Antonio Ortiz, de Coduc, apuntó que el llamado presidencial a todas las organizaciones a colaborar para reactivar y transformar al campo empieza por el reconocimiento de Peña Nieto a la pluralidad organizativa de los campesinos; mientras ello no sea así, todo quedará en discursos, dijo.