Se fueron por gusto, espetó un policía ministerial a Isabel Rivera y a otras madres de desaparecidas en Apodaca, Nuevo León, luego de que denunciaron que el crimen organizado había secuestrado a decenas de mujeres jóvenes en ese municipio, más de 103, según el informe reciente de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe (Catwlac, por sus siglas en inglés).

“Los cárteles de la droga mexicanos han encontrado un nicho de ganancias inmensas en la trata de mujeres y niñas con propósitos de explotación sexual y pornografía. Anualmente ganan más de 10 mil millones de dólares. Lamentablemente, la Procuraduría General de la República (PGR) no está persiguiendo a los cárteles por la trata de mujeres, sólo por el tráfico de drogas”, expresa en entrevista Teresa Ulloa Ziáurriz, directora para América Latina y el Caribe de Catwlac.

En su nuevo informe sobre la trata y el crimen organizado en México, adelantado a La Jornada, la organización que promueve el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia y explotación sexual, incluye estadísticas cuantitativas y cualitativas en los estados y ciudades de origen de la trata, los factores de vulnerabilidad, las rutas de tránsito, el fin del ilícito y su modus operandi, el tipo de perpetrador solitario o de crimen organizado y los cuatro cárteles de la droga que han incursionado en este próspero delito.

“Los grupos del crimen organizado, particularmente los cárteles del Golfo, Los Zetas, Nuevo Milenio y los Caballeros Templarios, las levantan para usarlas de halconas desde los 12 años; luego las convierten en sicarias, mulas o esclavas sexuales de los jefes de plaza, y cuando se cansan de ellas, simplemente las matan y les desfiguran el rostro para hacer más difícil su identificación. Lo que más nos preocupa es que hemos empezado a ver un vínculo con desaparición de un periodo de tres a seis meses y luego feminicidio”, dice.

El informe titulado Estadísticas cualitativas y cuantitativas para medir el efecto de las nuevas formas de criminalidad violenta contra las mujeres: la trata de mujeres, niñas y adolescentes y sus vínculos con la delincuencia organizada traza un mapa delictivo por Estado de las nuevas violencias contra las mujeres y cómo el avance de la criminalidad en México ha afectado sus vidas, sin que los operativos oficiales ofrezcan seguridad a las mujeres. Analiza los niveles de impunidad sobre la trata y la eficiencia de la respuesta gubernamental: “Las mujeres vivimos con miedo, y ya no se sabe quiénes son peores, si los cuerpos policiacos y las fuerzas armadas, o los cárteles de la droga”.

Desaparecidas en Apodaca

Hace tres años, Guadalupe Jazmín Torres Rivera desapareció en Apodaca, Nuevo León. Durante una semana secuestraron a más de una docena de jovencitas en el mismo barrio; algunas fueron levantadas en la calle, en la parada del autobús y otras fueron sacadas de sus casas a punta de pistola. Sus casos están incluidos en el informe de Catwlac.

Desde entonces han desaparecido más de 200 mujeres en Apodaca y otras tantas en el municipio de Guadalupe, dice Isabel Rivera, madre de Guadalupe Jazmín, quien junto a otras madres de desaparecidas (más de 500) han emprendido una incansable lucha por su localización.

Las autoridades no las están buscando. Es la misma discriminación desde que empezamos. Las discriminan por ser mujeres y luego no las buscan. Lo último que nos dijo un ministerial es que ellas se fueron por gusto. Yo le contesté que ellas no harían eso y que su argumento era una excusa para no buscarlas, pero les da igual, comenta Rivera, quien ha observado cómo los expedientes permanecen igual, sin avance, a pesar del tiempo transcurrido.

Las madres han señalado a las autoridades la necesidad de buscar a las jóvenes de entre 15 y 23 años en los locales de servicios sexuales, como las salas de masaje, los llamados men’s club, los prostíbulos y los table dance en la entidad: Pero la policía ministerial de Nuevo León no entra ni las busca allí; no se meten. Nunca han hecho una redada para localizar mujeres en situación de trata. Queremos que se investigue a fondo.

La última noticia que tuvo de Guadalupe Jazmín fueron dos llamadas en 2012. Las dos fueron en fechas simbólicas: una el día en que a ella la secuestraron saliendo de dar clases de baile en el DIF, y la otra, en el cumpleaños de su hija. La operadora me dijo si yo aceptaba la llamada de un familiar de Torreón, Coahuila, pero luego cortaba. La policía dijo que las llamadas fueron realizadas desde un banco HSBC y me dijeron que iban a buscar los videos, pero no cumplieron.

Isabel Rivera cuenta que no hay un solo día que no piense en su hija y que su nieta de seis años le da la fuerza para seguirla buscando: Estas llamadas son una señal de que está viva. Yo la siento. Me llena de esperanza. Tengo fe de encontrarla. Ella tiene que regresar.

El rescate

El informe de Catwlac incluye las formas de rescate y daño de las víctimas. En los seis años recientes esta organización ha logrado rescatar a mil 37 víctimas: El problema es que hemos podido ubicar a algunas, todas adolescentes entre 12 y 16 años, pero no pueden dejar de trabajar para ellos, porque están amenazadas de muerte, tanto ellas como sus familias, lo que las lleva a paralizarse. Por un lado, la amenaza del grupo delictivo y por el otro, la del Ejército, que ahora las está deteniendo y enviado a los juzgados para jóvenes en conflicto con la ley penal.

Isabel Rivera frente a la foto de su hija desaparecida, Guadalupe Jazmín Torres RiveraFoto Sanjuana Martínez

Karla Lorena Villarreal muestra un retrato de su hija desaparecida, Karla Mafielli SuzukiFoto Sanjuana Martínez

Según las estadísticas del más reciente informe sobre trata de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) 90 por ciento de este delito es con fines de explotación sexual, pero las autoridades mexicanas no lo toman en cuenta cuando realizan operativos: “Lo que realmente pasa en muchos de los casos es que aun estando bajo el control de sus tratantes o explotadores, las mujeres en situación de trata las dejan a cargo de las nuevas mujeres o niñas reclutadas, y al llegar el operativo policial o militar, son detenidas y llevadas ante la justicia como presuntas culpables y el verdadero tratante o explotador, nunca responde frente a la justicia. Las autoridades no han entendido bien el delito. No se le está dando prioridad. Persiguen la extorsión, el secuestro, la piratería, pero no le entran a la trata. El delito no está siendo perseguido y socialmente está naturalizado”, afirma Ulloa Ziáurriz.

El rescate de las víctimas mexicanas de trata trasciende las fronteras: Hemos encontrado a muchas chicas del otro lado, concretamente en Nueva York, a las que pasaron por Reynosa, Tamaulipas, donde las inician. Tenemos una rescatada allá y una chica registrada en el padrón de Reynosa con el nombre y los papeles de la que tengo en Nueva York. Les cambian la identidad. Las pasan por McAllen, Texas, y como no se persigue el delito, 99 por ciento de los casos quedan en la impunidad.

Ulloa Ziáurriz fue una de las precursoras de la nueva ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de trata, pero está convencida que se necesita reformarla: Lamentablemente en el Senado la echaron a perder, los cambios que le hicieron los legisladores priístas fueron para generar mayor impunidad. Y en este gobierno no hemos escuchado ni una sola manifestación contra la trata de Enrique Peña Nieto o de su gabinete.

El nuevo informe exhibe la poca efectividad de las actuaciones de las autoridades mexicanas en la persecución del delito y en el acceso a la justicia para las víctimas. El año pasado, por ejemplo, sólo hubo 31 consignaciones por este delito, pero se lograron únicamente dos sentencias a escala federal y siete en los estados, aunque dos absolutorias.

El problema más grave que tiene la PGR es que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) no tiene facultades para nada. La crearon para callarnos la boca, pero no funciona, al final de cuentas sólo tiene competencia para los asuntos federales y donde no hay delincuencia organizada. Hay que cambiarla.

Las complicidades

El informe de Catwlac ubica los focos rojos del país en la incidencia de mayor número de desapariciones de mujeres y niñas con fines de trata y explotación sexual: Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Durango, Chiapas, Oaxaca, estado de México, Hidalgo, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

La investigación cruza los datos de desapariciones y las vincula con la frecuencia de feminicidios: “Son feminicidios con razgos similares y características de una violencia salvaje. Los cuerpos aparecen todavía con fauna cadavérica. Los cráneos están separados de los cuerpos, la mayoría son cráneos limpios y con la mandíbula separada. Tienen golpes en todo el cuerpo, quebrados los dientes de enfrente, sus manitas crispadas, y algunas están completamente con la pelvis y las piernas desarticuladas por las violaciones. Creemos que este modus operandi está directamente relacionado con la posibilidad de evitar la identificación, porque les arrancan el tendón que une la quijada y es el más fuerte que tenemos en el cuerpo para obtener el ADN y la mayoría de las procuradurías de los estados no cuentan con la tecnología para ese tipo de prueba, algunos ni siquiera para sacar el ADN”.

Con base en su experiencia, Ulloa Ziáurriz afirma que la trata en México es un negocio constituido por redes de complicidad entre el poder político, económico y el crimen organizado, y hay nexos entre hombres propietarios de negocios sexuales metidos en política. Según la PGR, unas 800 mil mujeres adultas y 20 mil menores son obligadas a ingresar a las 47 redes de trata que existen en el país: “Hay intereses muy fuertes. Después de violarlas se las llevan a explotarlas a los men’s club y lugares como los masajes eróticos, que ahora se han extendido de forma alarmante en todo el país, donde hay servicio de prostitución. Son lugares que se han convertido en los nuevos negocios de lavado de dinero procedente del narcotráfico”.