Buenos Aires, 5 de enero. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que la Cámara en lo Civil y Comercial que aceptó un amparo presentado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) para impedir que se cumpla el decreto presidencial de recuperar para el Estado el predio ferial en Palermo ha traspasado y se le permitió traspasar todos los límites.

La presidenta, quien es abogada, advirtió en su cuenta en Twiter que, al tomar esa decisión, la cámara se arroga una competencia que corresponde al fuero contencioso administrativo, ya que la resolución se adoptó sobre un decreto del Poder Ejecutivo y una acción civil.

El pasado 20 de diciembre la mandataria dictó el decreto 2552, en el cual declaró nula la entrega del predio ferial de Palermo a la SRA, que lo obtuvo por un precio mínimo y además tenía una gran deuda con el Estado desde 2001.

La decisión se basó en que en 1991, bajo la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), se inició una reforma del Estado dentro del esquema neoliberal y se remataron las principales empresas que conformaban el patrimonio público. Así se produjo esa venta.

En el caso de la Sociedad Rural, se le vendió el predio –donde los grandes terratenientes y ganaderos del país hacían su feria anual– por 30 millones de dólares, más de 50 por ciento menos de lo que costaba. Se entregaron los 10 millones de dólares acordados y con una financiación a 10 años, pagando 2 millones por año. Pero después de la crisis de 2001 se suspendieron los pagos.

La mandataria añadió que no se tuvo en cuenta, a nivel judicial, que el el juez federal Sergio Torres calificó en su momento esa operación de sustracción al Estado nacional y sostuvo que el fallo de la cámara no es inmunidad judicial, sino impunidad judicial en favor de las corporaciones.

Cristina Fernández recordó que la cámara, que mantiene suspendida desde hace cuatro años una ley de servicios audivisuales votada por el Congreso, es la que debió resolver sobre el decreto que revocó la venta a precio vil, impago además, de la Rural.

Los camaristas que firmaron la polémica resolución fueron Francisco de las Carreras, Graciela Medina y Ricardo Guarinoni, los mismos que extendieron la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín para evitar cumplir los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lo obligan a desinvertir y terminar con su posición monopólica.

Esa resolución, la cámara la acató a pesar de que hay ex funcionarios de Economía y miembros de la dirigencia de la Sociedad Rural de esos años procesados por la venta a precio vil de la Rural, lo que calificó precisamente la mandataria de impunidad judicial.

La presidenta señaló que a cualquier ciudadano que no paga las cuotas de su hipoteca o su auto se los quitan. A la Sociedad Rural, no. Por tanto, esa cautelar en favor de la SRA no sólo quiebra el principio de igualdad ante la ley, sino además surge un superpoder sobre el Ejecutivo y el Legislativo.

La misma cautelar de la SRA había sido rechazada por una juez de primera instancia y el decreto está basado en investigaciones e informes de Procuración.

En 2010, el juez federal Sergio Torres procesó por el delito de peculado al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y al ex presidente de la Sociedad Rural Eduardo de Zavalía por haber participado en la venta del predio de Palermo. Esta causa penal continúa su curso legal.

Además, la Cámara Federal de Casación Penal dictaminó que el presidente Menem no tenía responsabilidad, porque consideró que el delito había prescrito, pero el Estado apeló y la causa se encuentra en la Corte Suprema con dictamen de la Procuración favorable a su reapertura, señala hoy el diario Página 12.

El decreto está fuertemente sustentado. También está demostrado que los magistrados que firmaron esa resolución han tenido y tienen relaciones con grupos de poder, incluyendo a Clarín.

El ministro de Justicia, Julio Alak, consideró disparatado el fallo y anunció que gobierno apelará de inmediato, porque viola dos aspectos: la igualdad ante la ley y el principio de equilibrio de poderes.

Recordó que el sistema republicano funciona si están en paridad, si ninguno obstruye al otro, y objetó a la cámara por ser la misma que impide la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual.

Otro atrgumento de Alak sostiene que la cámara es incompetente en este caso, porque cuando fue vendido el predio se estableció que las diferencias económicas que podían surgir de la venta eran competencia del fuero civil y comercial, pero acá lo que se discute es la validez de un decreto de la Presidenta de la nación y el fuero natural es el fuero contencioso administrativo. Además, sostuvo que ante un acto legítimo del Estado para recuperar lo que el Estado regaló en los años 90 ahora la cámara protege el ilícito que se cometió entonces.

Esto sucede en momentos en que se ventilan varios casos de fallos juidiciales en los cuales ha habido errores muy graves, se ha condenado a personas indebidamente y los reclamos ciudadanos por la ausencia de justicia o la gravedad de casos tratados indebidamente se han acumulado a punto de estallido.