Guadalajara, Jal., 5 de enero. El gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, culpó a los diputados locales de que el estado haya pasado de los primeros a los últimos lugares en México dentro del informe de calificación crediticia más reciente de la agencia internacional Fitch, al cual lo bajó 15 lugares pasando de A+(mex) a D(mex); es decir, de alta calidad crediticia a incumplimiento.

En diciembre los legisladores desaprobaron la intención del mandatario de que mil 400 millones de pesos que pidió prestados a Banca Interacciones para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 –sin informar al Congreso– pasaran de ser un compromiso a corto plazo, con vencimiento el último día de diciembre de 2012, a formar parte de la deuda pública general, pues ésta ronda 16 mil millones de pesos.

Hoy, de gira en Puerto Vallarta, González Márquez reconoció que no fue liquidado el llamado crédito quirografario (que no tiene garantías específicas que respalden su recuperación, sino que está garantizado sólo por el patrimonio del deudor) de mil 400 millones dentro del plazo y que insistirá con los diputados para que pueda ser renegociado.

Los efectos son inmediatos, las calificadoras están siempre atentas a las decisiones de los gobiernos en lo que se refiere a los aspectos financieros; era evidente que Jalisco iba a resultar castigado y pasar de la mejor calificación en México a la peor, por una decisión de esta naturaleza ¿Esto que implica? Pues que las tasas de interés cambian en perjuicio del estado, así lo habíamos comentado, agregó.

Según González Márquez ahora queda tratar de convencer a los diputados sobre la conveniencia de hacer de largo plazo el quirografario o bien yo puedo restructurar la misma deuda que ya existe buscando mejores plazos y condiciones y, como tercera alternativa, acudir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para obtener un anticipo de participaciones y con eso poder renegociar ante los bancos.

El Congreso no autorizó crédito

En diciembre, cuando los diputados acordaron que el crédito al ser adquirido sin autorización del Congreso no debía ser enviado a la deuda general y, al contrario, el gobernador debía pagarlo antes que finalizara 2012 para no generar intereses extraordinarios, advirtieron en un exhorto que podrían fincar responsabilidades en su contra.

Es obligación del Poder Ejecutivo liquidar el financiamiento de corto plazo en el mismo ejercicio fiscal en que se contrató, conforme al artículo 6 de la Ley de Deuda Pública, señalaba el exhorto aprobado.

En caso de que el Ejecutivo no realice el pago, los servidores públicos deberán asumir su responsabilidad y en su caso las sanciones administrativas derivadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco por los daños y perjuicios generados en detrimento y quebranto del patrimonio del estado como, son el incremento en los costos de las obligaciones de corto plazo y la alerta para el mercado financiero que afectará la calificación crediticia, concluía.