La ejecución de cuatro personas en la ciudad de Córdoba, Veracruz, acusadas sin pruebas por la Marina de haber tratado de rescatar el cuerpo de un presunto narcotraficante, demuestra que el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue aplicando la misma estrategia de seguridad que Felipe Calderón, basada en el uso excesivo de la fuerza, la falta de investigación de los casos y el encubrimiento a los responsables de los abusos, lamentaron activistas de organizaciones sociales.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que el asesinato de los cuatro hombres –todos ellos originarios del municipio de Ixhuatlán del Café– deja ver que no ha cambiado en nada el modus operandi de las fuerzas armadas en sus tareas de seguridad pública, a pesar de que formalmente ya hay un nuevo gobierno en el país.

La lógica del Ejército y la Marina es que todos somos sospechosos hasta que demostremos lo contrario. Continúa la tendencia de detener y ejecutar y luego averiguar, cuando debería ser al contrario, subrayó.

De igual forma, las autoridades siguen justificando los errores y abusos de las uniformados, con el argumento de que si alguien fue privado de la vida fue porque estaba cometiendo un delito, pero sin sustentar sus dichos con investigaciones sólidas.

Para el especialista, el hecho de que la administración de Peña Nieto tenga sólo un mes de iniciada no es pretexto para que no haya promovido cambios en esta materia. Si empiezas a aplicar una estrategia distinta, de inmediato tendrías que ver resultados diferentes, pero no la hay. Hasta el momento no ha habido ningún planteamiento preciso al respecto, y los ciudadanos tenemos derecho de pedir resultados, dijo.

Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, coincidió en que el gobierno del país sigue aplicando una política beligerante y militarista contra la población civil, pese a estar bajo la dirección de un nuevo partido.

“Lo que pasó en Veracruz no es nuevo. En varios estados siguen los ‘daños colaterales’ y no vemos que con Peña Nieto esto vaya a cambiar. Sólo se retomará tal cual estaba y con esto se seguirán provocando violaciones de derechos humanos muy graves”, alertó.

Para el activista, no es posible darle ningún plazo al gobierno actual para ver si hay cambios en su estrategia de seguridad pública, porque el fracaso de dicho esquema ya se comprobó en los seis años anteriores. Basta con saber cuál es la esencia del Ejército para saber que ningún plazo sería suficiente, consideró.