Buenos Aires, 4 de enero Las maniobras que evidenciaron la connivencia de sectores judiciales con el poder económico, expresadas en lo actuado contra la Ley de Medios de Comunicación Audiovisuales, aprobada por el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, y obstaculizada por medidas cautelares del poderoso Grupo Clarín, han tocado a fondo las viejas estructuras de la justicia en el país. Demandando una justicia legítima se prepara aquí un Encuentro Nacional de la Magistratura que se realizará el 27 y 28 de febrero próximo, cuando cientos de jueces y funcionarios judiciales firmaron una carta respondiendo a otra que pretendía representar a toda la justicia del país y sólo abarcaba a sectores poderosos del entramado judicial.

De la convocatoria al Encuentro participaron la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la defensora general, Stella Maris Martínez, el camarista Eduardo Freiler y el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone, entre otros.

En estos momentos crece el respaldo para una reforma judicial y para iniciar un debate que hace tiempo debió ser, porque nunca se fue a fondo con las estructuras judiciales, que se suceden después de una serie de dictaduras en el país desde 1955 hasta 1983 donde el proceso de transición olvidó que la justicia legítima es clave para una democratización real.

Jueces, fiscales y funcionarios judiciales firmaron una segunda carta abierta para apoyar un proceso de democratización con argumentos precisos y para ampliar un "debate público" pendiente.

Los firmantes de la carta apoyan a quienes convocaron a un encuentro en la Biblioteca Nacional para fines de febrero y ratificaron asimismo la necesidad de "incorporar al debate público ciudadano las decisiones jurisdiccionales y la conducta de los miembros del Poder Judicial", entre otros puntos.

"Hay un espíritu común en todos los firmantes que tiene que ver con la necesidad de ponerle fin a una forma de ejercer el poder" desde la propia justicia sostiene el fiscal de Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, uno de los firmantes de la carta abierta.

Se ha advertido también que la justicia debe ser independiente tanto de los estados como de otros poderes económicos o fácticos.

Una de las figuras más respetadas en estos tiempos,el Fiscal Jorge Auat, considera urgente discutir “sobre qué tipo de Poder Judicial queremos y necesitamos", y denuncia desde hace tiempo los nichos de un poder disimulado que en su momento obstaculizó los propios juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad de la pasada dictadura militar (1976-1983).

Auat hizo referencia a la solicitud publicada el pasado 7 de diciembre por la Comisión Nacional de Protección a la dependencia Judicial -que reclamaba al Poder Ejecutivo nacional cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución nacional que atañe a la independencia del Poder Judicial y dijo que un reclamo de esa naturaleza no se compadece con los tiempos democráticos que corren.

Y agregó fue una especie de coartada que con el ropaje de pedido de independencia de poderes lo que en realidad se buscaba era que el poder judicial siga de espalda a la sociedad

De Luca advirtió que "estamos un poco hastiados de que solamente se vea una forma de administración de justicia. Somos muchísimos magistrados y funcionarios que pensamos que la justicia tiene que ser más abierta y tiene resolver los problemas de la gente de carne y hueso, y no estar viendo lo que se resuelve de acuerdo a los tiempos políticos que vive el país.".

De Luca cuestiona lo que define como "una concepción del Poder Judicial de no resolver los problemas de fondo (…) Si uno está seguro de lo que tiene que resolver, no tiene que importarle quién lo apure. Ni el Poder Ejecutivo ni un grupo económico", sentenció De Luca.

"En menos de un año, seis jueces, sin computadoras, con diez secretarios letrados de 25

años y algunos oficiales primeros, hicieron el juicio a las Juntas y no pararon los trámites de las causas comunes, entonces: ¿cómo puede durar tres años una medida cautelar?", se preguntó en referencia al Grupo Clarín y la Ley de Medios.

Con toda razón el fiscal Ahuat por su parte piensa que “esto puede ser la piedra angular de la construcción de un nuevo sistema judicial".

Pero más que eso; este despertar judicial `puede revolucionar la región, donde también las estructuras son caducas, no hay respuestas para las mayorías y hay complicidades que van desde lo económico hasta lo mafioso. Otro hecho de justicia que surge de la lucha de los organismos de Derechos Humanos por acabar con la impunidad en todos sus aspectos.