Luego de más de un año, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) no ha podido resolver la denuncia contra Rossana del Carmen Ortega Rivas, directora del sistema de Agencias Turísticas Turissste, quien sin tener facultades legales, en enero de 2009 firmó un convenio con una empresa de transporte para el traslado de pacientes, por tiempo indefinido y con costos hasta 40 por ciento superiores respecto a otras propuestas.

Denunciaron lo anterior personas inconformes con la existencia de un acuerdo que de facto excluyó su participación en la prestación del servicio al instituto. Recordaron que en una primera parte de la investigación el OIC determinó la irregularidad en que incurrió la funcionaria. Sin embargo, sigue en su puesto y continúa incurriendo en faltas, entre otras asegurar que el Issste le otorgó un poder notarial que la habilita para la suscripción del convenio con la empresa Pullman de Chiapas, SA de CV.

“El problema –señalan– es que si bien es cierto que existe dicho poder, su vigencia empezó el 15 de enero de 2009, y el acuerdo tiene fecha de 2 de enero del mismo año”. De cualquier forma, los quejosos llamaron la atención sobre el hecho de que a pesar del señalamiento que ya existe contra Ortega Rivas, se le siga encargando dar respuesta a los oficios dirigidos a las autoridades del Issste, en los que se solicita información sobre el avance del proceso administrativo y la petición para que se cancele el convenio con Pullman de Chiapas y –como ordena la ley– el instituto convoque a una licitación pública.

Comentaron que hace unas semanas dirigieron otro comunicado al OIC, y la respuesta de Marcos Olvera, titular de quejas de ese organismo, fue que no está en sus funciones velar por el cumplimiento de la Constitución de la República, sino de sus leyes secundarias. Sobre el procedimiento contra Ortega, el oficio –del cual La Jornada tiene copia– refiere que lo resolverá en el momento procesal oportuno.

Manifestación de trabajadores del Issste para denunciar la criminalización de que son objeto por el Fovissste, Sofoles y constructoras, en enero pasadoFoto José Carlo González

De acuerdo con los promotores de la queja, ese momento pasó hace ya varios meses, pues de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se desprende que el proceso debería haberse solucionado en un plazo de 110 a 120 días, aproximadamente.

El convenio motivo de la controversia con el Issste es para prestar el servicio de transporte de derechohabientes que viven en los estados del sur de la República y requieren de alguna consulta clínica o estudio médico especializado, a realizarse en alguno de los hospitales regionales o en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la ciudad de México. Los traslados se realizan todas las semanas para atender las citas previamente programadas.

La Secretaría de la Función Pública y el OIC del instituto recibieron en agosto de 2011 la denuncia sobre el convenio asignado directamente a Pullman de Chiapas –sin licitación–, las irregularidades y las pruebas respectivas. En las primeras semanas de 2012, el OIC emitió un oficio donde da cuenta del inicio de un procedimiento administrativo contra Ortega Rivas, pues asumió funciones que no le corresponden al suscribir dicho acuerdo.

A pesar de ello, el mencionado documento sigue vigente y tampoco se respeta su contenido. Señala, entre otros, los lineamientos para el aumento de las tarifas del servicio, lo cual debe ser solicitado por el prestador del servicio con 30 días de anticipación. Sin embargo, la más reciente solicitud de este tipo fue autorizada por Ortega Rivas en escasos dos días para que entrara en vigor casi de inmediato, según consta en los oficios, de los cuales este diario también tiene copia.