Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso acordó ayer solicitar información a los gobiernos federal, estatal y municipal sobre la construcción y operación del megaproyecto Centro Comercial Dragon Mart, en Cancún, Quintana Roo, así como de las obras asociadas.

En un punto de acuerdo de urgente resolución, avalado por todas las fuerzas políticas del Congreso, se demanda información económica, ambiental, de migración y social relacionada con la construcción y operación del proyecto que se pretende desarrollar en 562 hectáreas.

La solicitud está dirigida a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Economía (SE) y de Gobernación (SG), así como al presidente municipal de Benito Juárez (Cancún) y al gobernador del estado de Quintana Roo.

El punto de acuerdo indica que la Tercera Comisión de la Permanente, presidida por la senadora Dolores Padierna Luna, será la encargada de recibir la información y revisar el estado que guarda el cumplimiento de las normas que rigen el proyecto. Esa comisión camaral está integrada por las de Hacienda, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Diputados y senadores manifestaron que se deben tener presentes las consecuencias económicas, sociales y ambientales que traerá consigo el megaproyecto.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Arroyo Vieyra señaló que la Semarnat ha advertido que no existe ningún estudio de impacto ambiental local, lo cual viola la ley en la materia.

Subrayó que la información sobre dicho proyecto se ha manejado de manera incompleta y sesgada, y planteó que los legisladores no están en contra de inversiones extranjeras, pero las chinas no se caracterizan por generar empleos bien remunerados, sino que de manera muy agresiva buscan ganar territorio e instalarse comercialmente.

Padierna indicó que en dicho centro comercial se pretende que laboren más de 10 mil trabajadores de origen chino, lo cual implicaría el desplazamiento de la mano de obra mexicana.

Aparte, el diputado perredista Rodrigo González Barrios refirió que el proyecto prevé la excavación de 4.5 metros de profundidad en 58 hectáreas para extraer 2.5 millones de metros cúbicos de material pétreo, a fin de construir por lo menos 722 viviendas que albergarían, en una primera etapa, a 5 mil trabajadores de nacionalidad china, así como a los dueños de más de 2 mil empresas del país asiático.

En el proyecto se planea construir naves para almacenar insumos y productos de manufactura china, así como instalaciones industriales para el procesamiento final de productos y un megacentro con más de 3 mil locales comerciales.

Padierna precisó que dicha solicitud de información no implica que se suspenda la obra. El Poder Legislativo no tiene facultades para suspender la obra, pero sí es necesario conocer los alcances del proyecto, “para normar un criterio y actuar.