Las pruebas presentadas por los abogados de las 14 personas que en libertad bajo fianza siguen sujetas a proceso judicial por los disturbios del pasado primero de diciembre son contundentes y decisivas para demostrar la inocencia de los inculpados en los delitos que se les imputan.

Así se informó durante una conferencia de prensa de la Coordinadora Primero de Diciembre, en la que se dio a conocer que ayer (jueves) venció el plazo para el ofrecimiento de pruebas.

Irma Lara, integrante de la Liga de Abogados Primero de Diciembre –que asumió la defensa de la mayoría de las personas que fueron detenidas en el contexto de las protestas contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República–, indicó que se ha presentado ante los jueces material videográfico y otros elementos probatorios que demuestran que los 14 procesados deben ser declarados inocentes.

La juez dictó auto de formal prisión confundiendo a unas personas con otras; además dio el carácter radical a la causa sin haber siquiera recibido la consignación. Por ello esperamos una sentencia lo más pronto posible, quizás a final de este mes o inicios del próximo, y pensamos que será una sentencia absolutoria.

La Coordinadora Primero de Diciembre dio a conocer un pronunciamiento en el que afirma que con las modificaciones realizadas por los legisladores locales al artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, que tipifica el delito de ataques a la paz pública, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial capitalino buscan pagar los más bajos costos políticos, preservando un delito que no describe conductas específicas y claras, y no hay definición legal de lo que se entiende por paz pública, por lo que alienta su aplicación discrecional, a modo de ser empleado políticamente, ahora con penas menores, pero con la ampliación de su cobertura, es decir, de su empleo faccioso para inhibir la protesta social.

La coordinadora reiteró sus exigencias: que el gobierno de la ciudad se desista de los cargos imputados a los señalados de los disturbios de ese día; libertad definitiva, inmediata e incondicional para los 14 procesados; derogar el artículo 362 porque criminaliza la protesta social; rechazo a la implementación de un solo código penal en el país, porque “busca eliminar derechos constitucionales a la libertad de expresión, organización y reunión; castigar a los responsables materiales e intelectuales de la represión del primero de diciembre; reparar daños y perjuicios a las víctimas de ese día; proscribir las balas de goma en todo el país, y desaparecer a los cuerpos parapoliciacos y de policías vestidos de civil.

Interrogados respecto de si los verdaderos responsables de los disturbios –que aún no son detenidos– pudieran ampararse en las modificaciones al artículo 362, que permiten la libertad bajo fianza, dijeron que corresponderá al Ministerio Público capitalino realizar las investigaciones, valoraciones y consignaciones pertinentes.

Se agregó que en caso de detener a esas personas, la fiscalía no podrá presentar una averiguación previa plagada de irregularidades, como hizo en el caso de las personas que fueron detenidas el primero de diciembre. (Los ciudadanos) debemos saber qué fue en realidad lo que sucedió y quiénes ocasionaron todo esto.