El hecho de que 97 por ciento de los cuerpos no identificados en el país terminen en la fosa común –debido a la falta de protocolos y de infraestructura para determinar quiénes son– no sólo revela graves deficiencias del Estado mexicano en esta materia, sino que incluso puede significar un acto de encubrimiento para dejar sin castigo a los funcionarios públicos involucrados en desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, señalaron activistas de derechos humanos.

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), consideró que la falta de un banco de datos es un nuevo crimen del gobierno del país en contra de quienes han sufrido la pérdida de algún familiar, pero no sólo puede explicarse como una simple omisión accidental.

Hay gran falta de pericia de las autoridades, pero siento que también puede ser una forma de encubrir los crímenes de los policías y los militares, que son responsables de 90 o 95 por ciento de las desapariciones forzadas. México ha firmado protocolos internacionales de antropología forense, pero siempre ve la forma de no cumplirlos, y esa es una manera de cuidar a sus propios criminales, acusó.

Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que una de las consecuencias de no tener infraestructura para la identificación de restos en las diversas entidades federativas, es que no se podrá alimentar la base de datos a escala nacional cuyo funcionamiento tendría que comenzar pronto.

Además, enterrar los cadáveres en fosas comunes sin hacerles ningún tipo de estudio previo podría estar eliminando evidencias útiles para descubrir al autor de un asesinato. Habría que preguntarnos en cuántos casos se abre siquiera una averiguación previa. En vez de eso, lo que hacen es simplemente deshacerse de ellos, deploró.

Blanca Hernández, presidenta de la Fundación Diego Lucero, refirió que la no identificación de miles de cuerpos es una muestra grave de la falta de interés del Estado por esclarecer las circunstancias de los fallecimientos, pero subrayó que esta situación no es nueva, pues se remonta a los años de la llamada guerra sucia.