Los efectos de la crisis no se han revertido en su totalidad, llevará varios años restablecer las condiciones de vida que se tenían antes, aseveró Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Comentó que los jóvenes son los más afectados, pues son quienes más tardan en obtener un empleo.

En la toma de protesta de los representantes de los trabajadores y patrones en las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para los próximos seis años, puntualizó que seis de cada diez trabajadores están en la informalidad, y dicho problema se manifiesta en la desocupación, el subempleo, el empleo precario y en la informalidad.

Sostuvo que uno de los retos de la actual administración es crear empleos de calidad; para lograrlo se requiere una adecuada política laboral, que no puede estar desvinculada de la política económica. Requerimos crecer económicamente, pero procurando que las condiciones faciliten la inversión, por lo que hizo un llamado a los representantes de los trabajadores y a los empresarios a mantener un diálogo con el gobierno y lograr consensos para promover la productividad laboral, particularmente en las más de 7 mil microempresas que crean 60 por ciento del empleo.

Empresarios y trabajadores requieren certeza jurídica y paz laboral, dijo; por ello refrendó su compromiso de vigilar el cumplimiento de los derechos a la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la intensificación y profesionalización de los servicios de inspección, además de diseñar los mecanismos para mejorar el nivel de los salarios para reactivar el mercado interno.

Insistió en que resolver el problema del empleo atañe a todos y por ello el gobierno alineará todos los instrumentos de política para garantizar un mayor crecimiento o igualdad en la distribución del ingreso. Para ello, la STPS actuará conjuntamente con las secretarías de Hacienda y Crédito Público; Economía, Desarrollo Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Educación Pública; Comunicaciones y Transportes; Energía y Turismo.

Se construirá una verdadera política laboral que atienda las múltiples aristas del desempleo, el subempleo y la pobreza; creará una nueva y equilibrada relación entre el Estado, mercado y sociedad, dijo, y afirmó que el Estado concretará los derechos constitucionales de todos.

Durante el acto, al que asistió el presidente Enrique Peña Nieto, Carlos Aceves del Olmo, secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados, apuntó que en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hay más de 65 mil expedientes sin resolver. Varios de los casos no competen a la Secretaría del Trabajo, sino a otras instancias del gobierno federal, como Pemex y CFE, por ejemplo, lo que impide una justicia pronta y expedita. Agregó que aún los trabajadores no han alcanzado un salario remunerativo ni justicia; por eso convocó a los patrones y a las autoridades federales a realizar un esfuerzo conjunto para minorar las desigualdades sociales.

Al respecto, Alberto Espinosa Desigaud, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aceptó que el reto es abatir las desigualdades sociales y reducir al mínimo el índice de pobreza, marginación, crimen y violencia. El país requiere profundos cambios en la economía para facilitar la armonía entre obreros y patrones, y la primera señal positiva es el Pacto por México.

Más tarde, en la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos –cuyo dirigente, Isaías González Cuevas, se sumó al Pacto por México–, el titular de la STPS asentó que los primeros resultados de la reforma laboral se verán en el primer trimestre de este año. Precisó que hay 30 millones de mexicanos en la informalidad, y no 14.2 millones como sostuvo el gobierno anterior.