El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados cuestionó que a un mes de presentado, los órganos de dirección legislativa mantienen congelado un punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal derogue los cambios al reglamento del Estado Mayor Presidencial (EMP), publicados por Felipe Calderón para incrementar la seguridad a los ex presidentes y sus familias.

La bancada de Movimiento Ciudadano advirtió que, en tanto se mantengan vigentes dichas modificaciones, la protección adicional beneficia no sólo a Calderón sino también a personajes como Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

El punto de acuerdo estaba incluido en la agenda del jueves en la sesión permanente, pero fue pospuesto una vez más, como ocurrió en el periodo ordinario de sesiones pasado, desde que se presentó, el 6 de diciembre.

La propuesta que realizó el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, refiere que el 30 de noviembre –dos días antes de dejar el poder– Calderón emprendió una acción que garantizara su seguridad y la de su familia.

Esto, mediante la citada modificación al reglamento del EMP, que facultó al general Roberto Miranda, nuevo jefe de dicho órgano militar, a autorizar seguridad especial para los ex presidentes y sus familias, según el riesgo que cada caso particular presente.

Ampliar la seguridad en cada caso particular

Con ello, entre las atribuciones no delegables de ese cuerpo militar está autorizar, de acuerdo con los análisis de riesgo correspondientes, la ampliación de los servicios para garantizar la seguridad de los ex presidentes de la República y de su familia, en cada caso en particular.

Monreal argumentó que ese ajuste fue realizado por Calderón para “tratar de blindar su necedad persistente ante una ‘guerra’ que de inicio estaba perdida” contra la delincuencia organizada.

El legislador de Movimiento Ciudadano expuso que poco le importó (a Calderón) que fueron sus propias decisiones las que pusieron en riesgo a todo el país; a él lo único que le interesa es mantener a salvo a los suyos de la consecuencias que sus propios actos propiciaron.

Porque, detalló, al hacer de la seguridad a los ex mandatarios y sus familias un derecho forzoso, se manda al EMP a que cada vez que Calderón llegue al país, el servicio de seguridad de México esté en la obligación de elaborar un plan para garantizar su seguridad.