En el presente sexenio, las remesas de migrantes mexicanos al país serán menores a las registradas antes de 2006, afirmó en entrevista el especialista Rodolfo García Zamora, quien sostuvo que el presidente Enrique Peña Nieto y el Congreso deben asumir el compromiso de que desarrollo y migración son ejes transversales en las políticas públicas, y no estar esperando a que la economía estadunidense se recupere, algo que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), no sucederá al menos en los siguientes cinco años.

El también ex director de la Facultad de Economía enfatizó que dicha crisis, que ha afectado a la comunidad mexicana en aquel país, ha refutado todos los falsos paradigmas de la fortaleza de la economía estadunidense, pero también todas las predicciones, y es en este escenario cuando se requiere un cambio radical en la política económica de generación de empleos y desarrollo nacional. No es posible que este año los migrantes aporten 24 mil millones de dólares en remesas, y el nuevo gobierno y el Congreso reduzcan en 35 por ciento el presupuesto para programas de apoyo a connacionales.

Destacó que uno de los programas de apoyo al migrante que más proyección internacional ha dado a los gobiernos de México es el de remesas colectivas, que surgió de manera espontánea en organizaciones de migrantes en los años 60 y que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari convirtió en política gubernamental, a través de la modalidad de 2 por 1 (por cada dos dólares que se invertían en las comunidades receptoras de remesas, el gobierno aportaba 1), que en 1991 pasó a 3 por 1 y que el presidente Vicente Fox convirtió en programa nacional.

Dicho programa aprovecha la filantropía de migrantes en sus comunidades de origen y ha permitido financiar entre 2003 y 2012, 20 mil proyectos de infraestructura básica. Pero hoy es un programa con un techo financiero por el gobierno, muy bajo, de apenas 525 millones de dólares para este año. Además, la mayor parte de las obras financiadas en este esquema las debería estar financiando el gobierno por obligación constitucional, sostuvo.

González Zamora lamentó que a este programa deban aplicarse reglas de operación definidas de manera vertical y autoritaria por la Secretaría de Hacienda, en cuya definición no participan organizaciones ni comunidades a las que van destinadas. Se trata, además, de un plan que no forma parte de una estrategia de desarrollo regional y local para fortalecer las raíces económicas, sociales y de arraigo de comunidades.

Actualmente, agrega, tenemos cientos de comunidades de Michoacán, Jalisco o Guanajuato, que tienen ya todos los servicios básicos, pero falta lo principal: no hay empleo. La falta de trabajo ha sido la principal carencia en este país desde 1982, lo que se agrava con el retorno a México de al menos 3 millones de migrantes, por eso, apunta, es indispensable una política de Estado sobre este tema y desarrollo integral para mantener la cohesión y la gobernabilidad.

Esto debe contar, añadió, con políticas específicas de desarrollo económico y social con una política sectorial y regional, un cambio institucional en los tres niveles de gobierno y un proceso de organización y capacitación permanente de las 2 mil organizaciones de migrantes y sus comunidades de origen..