Ante el inminente colapso del sistema de pensiones de Tlaxcala, el gobierno del estado, encabezado por el priísta Mariano González Zarur, convocó a integrar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET).

Sólo respondieron los representantes de cuatro de cinco sindicatos que participan en el consejo directivo: la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mártires de 1910, Alberto Juárez Blancas y Justo Sierra.

El sindicato 7 de Mayo, que agrupa a más de 2 mil 100 burócratas, rehusó tomar parte de las negociaciones con el argumento de que se pretende quitarles conquistas como la entrega de cinco despensas anuales, el ascenso de dos niveles a los trabajadores que se jubilan y un pago quinquenal.

El director de PCET, Ernesto Ordóñez Carrera, precisó que la institución atiende a mil 632 jubilados y pensionados, de los cuales 8.5 por ciento son personal de confianza.

Enfatizó que en siete años el número de jubilados aumentó de 799 en 2004 a mil 632 en 2012, y el personal de confianza se redujo 14.34 por ciento, de 4 mil 566 empleados en 2010 a 4 mil 219 en 2012, sin contar el recorte de trabajadores por honorarios en este gobierno.

Refirió que el déficit financiero acumulado en 2012 es de 64 millones 303 mil 810.68 pesos, pues los ingresos por aportaciones de trabajadores y gobierno sumaron 66 millones 51 mil 303.34 pesos de enero a agosto, mientras los gastos ascendieron a 130 millones 355 mil 114.02 pesos.

En promedio, PCET recibe 8.2 millones de pesos al mes de trabajadores y gobierno.

El secretario de Finanzas del estado, Ricardo García Portilla, señaló que PCET enfrenta un panorama financiero catastrófico y está a punto del colapso, pues su gasto anual es de 200 millones de pesos y se proyecta un déficit de más de 22 mil millones de pesos para la siguiente década.

Precisó que desde 2005 hay insuficiencia presupuestal y el gasto ha aumentado de 50 millones de pesos en el año 2000 a 200 millones en 2012.

García Padilla advirtió que aun si se duplicaran las aportaciones de los trabajadores en activo y de las entidades gubernamentales, como sugieren algunos sindicatos, se resolvería la insuficiencia presupuestal.

Proponen tope a jubilaciones

En Colima, diputados locales coincidieron en que el próximo año deberán discutir una reforma al sistema de pensiones del estado y los ayuntamientos, que enfrenta problemas desde 2009, cuando el entonces legislador priísta Rigoberto Salazar advirtió que el gobierno del estado pasará de pagar 200 millones de pesos anuales en jubilaciones a 660 millones al concluir el sexenio del actual gobernador, Mario Anguiano Moreno.

Según datos oficiales, en 2013 el gobierno del estado tendrá 4 mil 518 trabajadores, pagará 68 millones 671 mil pesos en pensiones y 215 millones 350 mil pesos en jubilaciones, para un total de 284 millones 21 mil pesos.

Aunque tiene una dirección estatal de pensiones y jubilaciones, sólo los ayuntamientos aportan recursos a un fondo especial para pagar estas prestaciones, mientras el gobierno estatal eroga recursos directamente para este fin.

Existe una propuesta de poner un tope a las jubilaciones y pensiones, principalmente las de ex funcionarios estatales que se retiraron con montos muy altos, como el ex presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Guillermo Ruelas Ocampo, quien recibirá 71 mil pesos mensuales.

En Baja California, el sistema de seguridad social de la burocracia y el magisterio encargó a un grupo de actuarios un diagnóstico del sistema de jubilaciones del gobierno estatal, cinco ayuntamientos, organismos autónomos, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia.

A principios de diciembre, el senador panista Ernesto Ruffo Appel advirtió que el sistema, que beneficia a 17 mil profesores de la sección 37 del SNTE y del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, está descapitalizado debido al número de sindicalizados y a sus prestaciones, entre ellas la jubilación dinámica, que debe terminar porque los pensionados reciben aumentos en el mismo porcentaje que sus compañeros activos.

En la entidad hay 58 mil empleados que cotizan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), de los cuales 40 mil contribuyen al fondo de pensiones.

En tanto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleon) enfrenta una débil situación financiera, derivada de un quebranto de 305 millones por malos manejos en el sistema de pensiones. Sin embargo, no existe propuesta alguna de modificación. La última reforma se realizó el 24 de diciembre de 2010.

Las cuentas del Isssteleon de 2008 a 2011 fueron rechazadas por la oposición en el Congreso local, a fin de que la Auditoría Superior del Estado las analice y finque responsabilidades.

En Veracruz, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), que atiende a más de 118 mil 302 derechohabientes (entre ellos 25 mil 661 empleados activos), tiene un déficit de un millón 800 mil pesos por un préstamo a la administración estatal pasada, dijo Adriano Fabre, diretor del instituto.

El 19 de diciembre el Congreso mexiquense reformó la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para aumentar 30 por ciento las aportaciones de de burócratas, maestros y policías del estado al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

A partir de enero, a los 338 mil trabajadores les descontarán 12.125 por ciento de sus salarios. De otra forma, aducen las autoridades, en el primer trimestre del 2014 ya no habría recursos en el sistema de pensiones.

En 2009 el Congreso de Jalisco aprobó una reforma al sistema de pensiones para burócratas estatales y municipales, que incluye mayores descuentos a los trabajadores, ampliación de la edad de retiro a 65 años y la autorización al consejo de administración para usar los ahorros de los trabajadores en forma discrecional, aun en proyectos de riesgo.

Mientras, Aguascalientes y Tamaulipas analizan reformar sus sistemas de pensiones. El primero pretende incorporar una prima de antigüedad, pero sólo para algunos trabajadores.

Las firmas calificadoras Standard and Poor’s y Fitch Ratings descartaron que Hidalgo tenga problemas financieros a corto y mediano plazos por pensiones y jubilaciones. En Chihuahua, la última reforma a su sistema fue para que los viudos recibieran la pensión de sus esposas.

(J. C Avendaño / La Jornada de Oriente, A. Arroyo, A. Heras, J. C. Flores, E. Gómez, I. Dávila, J. G. Partida, C. Bañuelos, J. Le Duc, R. Villalpando y A. Cruz)