e ha dicho que la recientemente aprobada reforma al artículo 3° constitucional tiene como objetivo central recuperar la rectoría del Estado en la educación. Pero, si en realidad ese fuera su objetivo, bastaría con que el gobierno federal en turno, aplicara lo que dice el artículo 3° de nuestra Carta Magna. No más, pero tampoco menos.

El texto dice a la letra: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado (…) impartirá educación prescolar, primaria, secundaria y media superior (...) La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar, armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él (…) el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia (...) dicha educación será laica (…) Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.

La reforma al artículo 3°, recién aprobada por ambas cámaras, no es una reforma educativa. Aunque digan que de lo que se trata es mejorar la calidad de la educación, lo que los cambios aprobados verdaderamente persiguen es regular las relaciones laborales entre el patrón-gobierno y los trabajadores de la educación, para minar conquistas laborales históricas como la estabilidad en el empleo.

Legislar en el artículo 3° relaciones laborales es anticonstitucional, ya que existe otro apartado en la Constitución que trata esta materia. El mismo artículo 3°, en su fracción VII, señala que las relaciones laborales están regidas por lo que marca el artículo 123. Lo cierto, es que lo que se intenta con estas reformas es elevar a rango constitucional lo pactado en el sexenio anterior entre Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo: la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y la Evaluación Universal.

Entre otros, los cambios hechos al artículo 3°, resaltan la obligatoriedad de hacer exámenes (pomposamente le llaman concursos de oposición) para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio de los maestros. Aunque hayan modificado la propuesta original y se señale que se respetarán los derechos ya adquiridos, lo cierto es que lo que pretenden es calificar a los maestros.

Sus promotores y sus defensores no entienden, o no quieren entender, que evaluar no es hacer un examen. ¿Quién en su sano juicio y con un mínimo de inteligencia puede asegurar que alguien que conteste correctamente todas las preguntas de un examen será el mejor maestro? Es imposible tomar como parámetro para el ingreso al servicio educativo el aprobar o no un examen.

No hay que ser muy duchos para entender que la clave está en las escuelas formadoras de maestros, la clave está en las tan vilipendiadas normales. Pero de esto no se habla en la reforma. De hecho, están caminando cambios en las normales, pero como siempre, dejando de lado la opinión de especialistas en formación de educadores, de pedagogos que estructuren una currícula acorde a lo que como país necesitamos y no conforme a los dictados de la OCDE, y sobre todo, de alumnos (maestros en formación) y maestros de las propias normales.

Nadie puede oponerse a la evaluación. La evaluación es parte del proceso educativo. Eso de que los maestros nos oponemos a evaluarnos es falso. Los docentes que día a día estamos frente a los alumnos realizamos evaluaciones constantemente. En todo momento la evaluación sirve para guiar nuestro trabajo.

A lo que nos oponemos es a que un examen sea el instrumento para juzgar la permanencia o no en el servicio. Rechazamos que el gobierno federal, la SEP, siga a pie juntillas las recomendaciones de la OCDE: “Recomendación 8. Evaluar para ayudar a mejorar: México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares (…) Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo” (octubre de 2010).

¿Así, o más claro? Se trata de despedir a los maestros que no aprueben los exámenes estandarizados, sin importar su experiencia previa, su labor docente, su compromiso educativo o las condiciones en las que deben laborar. Ni más ni menos lo que persigue su reforma educativa, lo que cacarean los partidos políticos como logro para el país: elevar a rango constitucional el despido de maestros.

La reforma educativa aprobada es la de Gordillo. No hay que hacerse bolas con que hay una disputa entre el gobierno y la cacique. Lo de la resistencia civil de Gordillo es una más de sus mascaradas. Esta reforma es avalada por los enemigos de la educación pública, por la derecha más recalcitrante como Mexicanos Primero.

No hay que engañarse: la reforma pretende acabar con lo poco que aún se conserva como legado y patrimonio histórico: la educación pública; y en el camino acabar la resistencia de los maestros democráticos.

(*) Licenciado en pedagogía. Fundador de la escuela telesecundaria 211