Cada año entre 35 mil y 40 mil hectáreas del sector social se incorporan al avance urbano debido a la falta de ordenamiento territorial, y quienes venden esas propiedades de tierra rural lo hacen en un trance de necesidad inmediata en el que el dinero que reciben se va a terminar pronto y esa gente va a establecerse en cinturones de miseria por carecer de la tierra que tenían antes, advirtió Carlos Sandoval Miranda, director del Centro Multidisciplinario de Innovación Tecnológica.

Por ello, llamó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (antes de la Reforma Agraria) a ocuparse de la regularización de la tierra y establecer un plan posventa que brinde asesoría a los ejidatarios y evite que malgasten el dinero obtenido de la venta de sus propiedades.

En función de la información disponible que hay, se estima que por lo menos 75 por ciento de la superficie que se aporta para el desarrollo urbano es tierra rural, y mientras más pase el tiempo más va a ser del sector social, porque la propiedad privada se ha acabado alrededor de las manchas urbanas.

La superficie territorial del país es de 196.4 millones de hectáreas, y podría decirse que un 10 por ciento es propiedad del Estado, 45 por ciento es tierra social y el otro 45 es propiedad privada.

Expuso que el gobierno debe asesorar a los ejidatarios y fomentar que ahorren y no malgasten los recursos que les van a dar por esos terrenos. Sin embargo, lo que se observa como resultado de los últimos 10 años es el crecimiento de cinturones de miseria y de programas que le dan migajas a ejidatarios que ya no tienen tierra.

Al año 10 mil ejidatarios venden

El también especialista en evaluación rural calculó que si son 40 mil hectáreas al año las que se suman a la mancha urbana y el promedio de tierras por ejidatario es de cuatro hectáreas, ello significa que 10 mil ejidatarios cada año venden su tierra.

Si multiplicamos eso por el número de personas que conforman las familias, el número de afectados es cada vez mayor. No es un problema menor, porque no va a haber dinero que alcance para sostener programas que les ayuden: es necesario tomar otras medidas.

Explicó que con la política de desarrollo urbano en los últimos dos sexenios, donde se habla de más de 700 mil créditos otorgados cada año, y que en el periodo de Felipe Calderón llegó a 6 millones de créditos otorgados por el Infonavit, hay que agregar por cada operación de esa institución un predio irregular que se vendió por la falta de ordenamiento y planeación.

Para el especialista, uno de los casos más extremos se presenta en el municipio de Acapulco, Guerrero, donde la informalidad es casi de 80 por ciento en las operaciones.

Podemos hablar de un buen número de asentamientos irregulares, muchos de ellos sin papeles, ya con construcción, y sin que puedan ser heredados y con riesgos sociales legales de quienes los habitan, alertó.