Guanajuato, Gto. El gobernador Miguel Márquez incurre en una ilegalidad al no licitar ni transparentar el nombre de la empresa a la que asignó un contrato por 2 mil 727 millones de pesos para instalar la infraestructura del programa de seguridad Escudo, coincidieron los dirigentes estatales de PRD, Hugo Estefanía Monroy, y PRI, Javier Contreras. El jueves, el secretario de Seguridad del estado, Álvar Cabeza de Vaca, informó que el gobierno estatal no podía informar el nombre de la empresa que instalará en Guanajuato 2 mil 556 cámaras de vigilancia, 92 arcos carreteros y un sistema de 320 kilómetros de fibra óptica porque el contrato incluye una cláusula de confidencialidad.