El presidente Enrique Peña Nieto está obligado a promulgar la Ley General de Víctimas, toda vez que no hay ya ningún impedimento legal o jurídico para que ese ordenamiento, que obliga al Estado Mexicano a proteger a quienes han sufrido el embate del crimen organizado, entre en vigor, advirtió Alejandro Encinas, senador del PRD.

El pasado 28 de mayo, cuando era candidato a la Presidencia, Peña Nieto dijo que si para finales de diciembre la ley no estaba publicada, él lo haría y el primer paso que dio fue retirar la controversia constitucional que en julio pasado presentó ante la Suprema Corte el entonces mandatario, Felipe Calderón, comentó por su parte el legislador priísta Arturo Zamora.

La Suprema Corte de Justicia sobreseyó la controversia, el pasado 10 de diciembre, y pasaron también ya los cinco días hábiles que establece la Ley Reglamentaria del artículo 102 constitucional para que se pueda impugnar esa decisión.

Aquí hay una omisión, porque no existe ya ningún impedimento legal o jurídico para que el Ejecutivo federal publique esa Ley General de Víctimas. Espero que lo haga en estos días, antes de que termine el año. Esperamos que no sea un cálculo político lo que la detenga.

La ley fue aprobada por ambas cámaras del Congreso el pasado 30 de abril y el 10 de mayo se depositó el decreto respectivo en la Secretaría de Gobernación, para que fuera promulgado. Sin embargo, una maniobra del entonces presidente de la Cámara de Diputados, el panista Óscar Arce, regresó la documentación a ese órgano y estuvo ahí congelada 20 días.

Debido a ello, el Congreso y Calderón entendieron diferido en el vencimiento del plazo legal que éste tenía para vetar esa legislación. Lo hizo el primero de julio por la noche, después del cierre de las casillas en la jornada electoral para renovar los poderes federales. Argumentó estar dentro del tiempo establecido por la Constitución –30 días–, ya que tomó como base el primero de junio, en que la Secretaría de Gobernación recibió por segunda ocasión el proyecto de decreto de la Ley General de Víctimas.

El entonces presidente del Senado, José González Morfín, en cambio, dejó claro que la fecha de entrega fue el 10 de mayo en que las cámaras depositaron el decreto en la Secretaría de Gobernación y mostró el acuse de recibo. El 10 de julio ordenó publicar la ley, decisión que Calderón impugnó mediante una controversia constitucional.

A casi seis meses de aquellos hechos y ya en un nuevo sexenio, la Ley General de Víctimas, que obliga a la reparación integral de daño, está a punto de promulgarse. Con esto se cumpliría el compromiso que el Congreso adquirió con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en julio de 2011.