La Cámara de Senadores demandó al Congreso de Estados Unidos legislar para establecer la obligación de llevar a cabo un registro balístico de las armas que se venden en esa nación, sobre todo en los estados fronterizos, ya que buena parte de ellas son adquiridas por elementos del crimen organizado en México.

Esta es una propuesta aprobada en la última sesión del Senado, que presentó la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, Marcela Guerra Castillo, y que ya fue notificada al Senado estadunidense.

La legisladora priísta expuso que el tráfico de armas a México se estima en 20 millones de dólares al año, por lo que es urgente que ambas naciones hagan esfuerzos por disminuir la venta de armamento a nuestro país.

Destacó que aunque las armerías tienen un registro grabado de cada arma que venden, los narcotraficantes y demás delincuentes los borran, lo que impide saber quién las comercializó.

La propuesta específica al Senado del vecino del norte es que se impulsen iniciativas con el fin de que en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, de conformidad con las reservas introducidas por Estados Unidos a la Convención de Palermo, se aplique un mecanismo para que toda arma de fuego, antes de ser puesta a la venta, sea objeto de registro balístico, para que al momento de que sean utilizadas en hechos de sangre se pueda conocer con exactitud el nombre de quien o quienes las adquirieron en las armerías.

De esa forma se podrá comenzar la búsqueda y localización del propietario y proporcionar la información de forma oportuna al gobierno mexicano, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la de Freedom of Information Act, así como en los acuerdos de cooperación entre ambas naciones.

La senadora Marcela Guerra Castillo expuso que las llamadas armas pequeñas y ligeras causan grandes estragos en el mundo, tanto en las zonas de conflicto como en aquellas que gozan de paz aparente. Los recientes hechos lamentables en Newtown, Connecticut, donde un hombre disparó contra niños y adultos en una escuela, es un ejemplo de ello, y en México la violencia es cada vez más preocupante.

Expuso que persiste la idea en la opinión pública y en amplios sectores del gobierno mexicano de que la administración de Estados Unidos no está haciendo los esfuerzos necesarios para reducir al máximo posible el alarmante tráfico de armas hacia nuestro país.

Si bien cada país es soberano para establecer sus propias leyes, es indiscutible que existe una responsabilidad sobre los efectos que ese tráfico de armas implica entre países vecinos, especialmente cuando se realiza de manera ilegal.

Hizo notar que las características del comercio de armas en la frontera y los hechos ocurridos dentro del territorio de Estados Unidos son incompatibles con la letra y el espíritu que sustenta la libertad de los individuos de portar armas para su defensa, conforme a la segunda enmienda.

Recordó que en Estados Unidos una legislación prohíbe la exportación de armas a terceros países, en los que ese tipo de comercio no sea lícito.