La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que la policía municipal de Indaparapeo, Michoacán, así como el actual presidente municipal y el antecesor de éste violaron las garantías de un ciudadano que fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, lesiones, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y robo, y se han negado a aceptar una recomendación del ombudsman estatal.

Por ello, emitió la recomendación 87/2012 dirigida a los integrantes del ayuntamiento.

El organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva detalló que el 27 de febrero de 2011, alrededor de las 23 horas, el agredido viajaba en su vehículo a Indaparapeo, seguido por una patrulla de la policía municipal. Al llegar a su destino se estacionó y preguntó a los uniformados si ocurría algo. Dos policías descendieron, le apuntaron con un arma de fuego, lo despojaron de su cartera, empezaron a golpearlo en la cabeza, lo obligaron a salir del automóvil, lo tiraron y lo siguieron golpeando.

Luego lo trasladaron a la alcaldía de Indaparapeo, le pidieron que dejara sus pertenencias y lo llevaron a la cárcel municipal, donde permaneció unas horas. Lo dejaron en libertad después de obligarlo a pagar una multa de 200 pesos, sin que le notificaran el motivo de la detención ni de la sanción. Al entregarle sus pertenencias, no le devolvieron 800 pesos, tres tarjetas de crédito ni su credencial de elector.

La víctima presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, la cual corroboró que se cometieron abusos contra el afectado y emitió una recomendación dirigida al entonces alcalde.

Encubren a los acusados

El documento demandaba iniciar un procedimiento administrativo contra los policías municipales, denunciar penalmente a los uniformados ante la procuraduría estatal e instruir al director de seguridad pública municipal que ordenara a los elementos bajo su mando que no molesten a la víctima.

La recomendación no fue aceptada y la esposa del agredido interpuso una impugnación que fue remitida a la CNDH, la cual solicitó al presidente municipal el informe correspondiente.

La CNDH consideró que rechazar la recomendación contraviene las obligaciones de las autoridades de respetar y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar abusos. Por ello, recomendó cumplir en su totalidad la recomendación del organismo local y que se envíen a la CNDH las constancias correspondientes.