La protección del medio ambiente que realizan ciudadanos frente a proyectos mineros y la defensa del agua y los bosques se han vuelto cada vez más riesgosas en el país. Tan sólo durante este año, seis defensores ambientales perdieron la vida en hechos violentos. Estos casos que se suman a por lo menos otros 11 que ocurrieron entre 2006 y 2010.

Bernardo Vázquez Sánchez fue emboscado el pasado 15 de marzo y atacado con armas de fuego, lo cual le ocasionó la muerte, mientras que sus acompañantes, su hermano Andrés Vásquez fue herido en un brazo y Rosalinda Dionisio lesiones en la pierna y el hombro. Todos eran miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, que durante varios años ha mantenido su oposición a las acciones de la minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver, en San José del Progreso, Oaxaca.

El 31 de mayo María Edy Fabiola Osorio, integrante de la Asociación Civil Guerreros Verdes, fue asesinada en su casa en Pie de la Cuesta, Acapulco. Antes de este hecho participó en la defensa de la laguna de Coyuca ante la construcción del Proyecto Muelle de Pie de la Cuesta, impulsado por el gobierno de Guerrero.

Muerte e impunidad

Unos meses más tarde, el 22 de octubre, Ismael Solorio, dirigente de El Barzón en Chihuahua, y su esposa Manuela Solís, fueron asesinados mientras circulaban en su camioneta en el kilómetro 26.5 de la carretera Ciudad Cuauhtémoc-Colonia Obregón. Solorio se oponía a la operación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver, en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. También llevaba varios meses con denuncias por los aprovechamientos y perforaciones ilegales de pozos en la cuenca del río del Carmen.

El 28 de noviembre Juventina Villa, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán y su hijo Reynaldo Santana Villa, de 17 años, fueron ejecutados durante una emboscada en la comunidad la Laguna, en la parte alta de la sierra del municipio Coyuca de Catalán, Guerrero. Villa había denunciado públicamente amenazas de muerte en su contra y contaba con medidas cautelares emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero.

Desde diciembre del año pasado, Marcial Bautista y Eva Alarcón, presidente y coordinadora respectivamente de la misma organización de campesinos ecologistas a la que pertenecía Juventina Villa, fueron secuestrados cuando se dirigían en autobús de Tecpan a Chilpancingo. Aún se desconoce su paradero.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el segundo informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, dio cuenta de al menos 11 asesinatos de personas ligadas con el medio ambiente en México entre 2006 y 2009.

Cita los casos de Mariano Abarca Roblero, integrante del Frente Cívico de Chicomuselo y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, quien fue baleado el 27 de noviembre de 2009 frente a su domicilio en la comunidad de Chicomuselo, Chiapas. También está el caso de Armando Villarreal Martha, dirigente de la Organización Agrodinámica Nacional, quien fue asesinado el 14 de marzo de 2008 cuando viajaba por Nuevo Casas Grandes.

Ernesto Rábago Martínez, integrante de la organización Bowerasa (Haciendo Camino) el 2 de marzo de 2010 en Chihuahua fue asesinado; mientras que Aldo Zamora, campesino tlahuica, fue atacado el 17 de mayo de 2006 presuntamente por un grupo de talamontes ilegales.

El cuerpo de Fernando Mayen, abogado y miembro de la comunidad San Luis Ayucan, Jilotzingo, estado de México, fue hallado en su automóvil el 12 de marzo de 2008, en la carretera que une al Distrito Federal con Toluca.

Juan Gavia Xingú y Bernardo Sánchez Venegas, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, y Valentín Reyes García, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, murieron mientras inspeccionaban la mina La Guitarra, en la comunidad Albarrán, Temascaltepec, estado de México.

También de la organización campesina ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Leonel Castro Santana y su sobrino Ezequiel Castro Pérez, fueron asesinados en Ajuchiotán del Progreso, Guerrero, el 26 de junio de 2009. En tanto, Francisco Quiñones, opositor a las actividades de la empresa Minera en Peña Colorada en Jalisco, fue asesinado el 11 de marzo de 2006, y Miguel Ángel Pérez, comunero de Tepoztlán, quien trabajaba en defensa del agua y la tierra, habría sido ultimado el 31 de octubre de 2009.