Ante el descrédito creciente de los partidos políticos frente a la ciudadanía y para terminar con la crisis en que se encuentran inmersos, sería necesario que el Congreso aprobara una nueva ley de partidos, que regule su actividad, garantice mayores niveles de democracia interna, defina obligaciones de transparencia en el uso de los recursos públicos que reciben y favorezca la creación de nuevos institutos, así como de la pérdida de registros.

En el documento Hacia una nueva ley de partidos políticos, el consejero del Instituto Federal Electoral Lorenzo Córdova reivindica la importancia de los partidos para la democracia mexicana, pero advierte debilidades en su desempeño. Actualmente estos institutos no gozan de buena fama pública, como constatan reiteradamente diversos estudios de cultura política, acentuándose el démerito en la última década, con escasos niveles de confianza.

Pragmatismo electorero

Esto ha obedecido, en buena medida, a un difundido pragmatismo electorero, un vaciamiento ideológico y programático y la falta de representatividad y democracia interna que los caracteriza, lo cual ha favorecido un descrédito social, expone Córdova. Ese preocupante desencanto ha venido a alimentar una serie de propuestas que plantean la reducción y la depuración del sistema de partidos, mediante el encarecimiento de requisitos para su constitución y mantenimiento.

Si bien en la actualidad el desempeño de los partidos está contenido en 86 artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), esta normatividad debe mejorarse, según una creciente tendencia entre analistas a regular con mayor precisión a los partidos mediante una ley específica que incida más ampliamente en democracia interna; derechos de la militancia; consolidación de la legalidad interna; fortalecemiento ideológico y funcional; mayor rendición de cuentas y transparencia en los recursos que utilizan.

De entrada, sugiere el consejero, hay que modificar los términos del registro nacional y local, porque existe la posibilidad de que un partido –como ya ocurrió– no tenga el porcentaje nacional requerido, pero sí lo obtenga a escala local.

Creación de partidos

A su juicio, resultan preocupantes las posturas que postulan a dificultar la creación de partidos, elevando el umbral de votación requerida o prolongando los plazos para conformar nuevos institutos, al pasar de tres a seis años. Consideró necesario regresar al plazo anterior, a efecto de que en cada elección puedan surgir opciones políticas e, incluso, analizar si existe la posibilidad de que un partido que no obtenga 2 por ciento de votación mínima, pero cuente con la militancia mínima exigida, pudiera mantener el registro o devenga en partido local, donde tenga fuerza.

Elemento esencial de una ley de partidos políticos es favorecer de una mayor democracia interna, lo cual supone definir criterios claros de integración de la asamblea nacional u órgano equivalente; definir derechos mínimos de la militancia; instaurar obligatoriamente mecanismos de control de poder, como la posibilidad de revocar el mandato de los dirigentes y fijar los plazos máximos de duración de su mandato; determinar criterios mínimos de actuación de los órganos de justicia interpartidaria.

De igual forma, sugiere “establecer criterios mínimos que deben tener los procedimientos democráticos de selección de candidatos y dirigentes; mayor precisión en lo relacionado con las precampañas y sus plazos para evitar el fenómeno del ‘transfugismo’”.

Córdova destaca la necesidad de exigir mayor transparencia y rendición de cuentas en la medida en que los partidos son instancias de interés público que reciben recursos del erario, por lo que debe eliminarse el concepto “información no pública que recoge el Cofipe para impedir que se acceda a datos relacionados con los procesos deliberativos de los partidos, estrategias y campañas.