e nueva cuenta parpadean los focos rojos, y no precisamente los de Navidad, por la intolerancia religiosa en Hidalgo. Sucede en la entidad donde fue gobernador (2005-2011) el actual secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Hidalgo es uno de los estados en los que recurrentemente tienen lugar actos de intolerancia religiosa violenta.

Los evangélicos de Pahuatlán fueron duramente agredidos por los católicos tradicionalistas que exigen a los primeros cubran el pago de cuotas en las que se incluyen gastos para fiestas patronales celebradas por quienes se identifican con el catolicismo. El asunto subió de tono el 17 de diciembre, cuando fueron elegidos nuevos delegados en la comunidad. Éstos presionaron a la asamblea del poblado para que fuera desconocido un acuerdo previo entre los habitantes de Pahuatlán. Dicho documento consignaba el compromiso de los integrantes de distintos credos religiosos a respetar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La ley, en su artículo segundo, inciso D, establece que nadie puede ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso.

Los nuevos delegados comunitarios de Pahuatlán, para dejar constancia de su integrismo, en el que se conjuntan el cargo civil con el religioso vinculado a la parroquia católica, decidieron encarcelar a los evangélicos. Aprehendieron a 52, entre ellos a Celestino Hernández Cruz, pastor de la Iglesia bautista Emmanuel.

En información que comenzó a circular por correo electrónico y las redes sociales trascendió que los protestantes fueron amarrados y golpeados. Colgaron de los brazos al pastor Celestino y amenazaron con ahorcarlo si él y sus correligionarios evangélicos no se comprometían a sujetarse a las decisiones de la asamblea sobre los pagos de cuotas económicas. Los perseguidores rodearon el lugar para evitar que se acercara cualquier autoridad del municipio. Autoridades que, por otra parte, no tuvieron voluntad de intervenir rápidamente, como era su obligación. De igual manera evitaron que las mujeres y niños (familiares de los amarrados) salieran de la comunidad. La responsabilidad como principal instigador del ataque la tiene el delegado segundo de Pahuatlán.

El 18 de diciembre los encarcelados y torturados salieron de su cautiverio. Al día siguiente, junto con sus familiares y otros que comparten el credo evangélico, fueron expulsados de Pahuatlán. El éxodo fue terrible, muy accidentado, porque en el contingente iban mujeres embarazadas, niños y ancianos. El grupo llegó a Huejutla y se refugió en un templo protestante.

Después de dos días las autoridades municipales y las estatales permanecían omisas y con su inacción dejaron en el desamparo a los agredidos. Ha sido la norma en este tipo de casos. Siempre tratan de mediar entre los intolerantes y quienes son violentados en sus derechos humanos y constitucionales para que signen convenios a todas luces perjudiciales para la minoría. No resuelven el fondo del tema, que es dar plenas garantías a quienes tienen una creencia religiosa distinta a la de los católicos tradicionalistas, quienes se obstinan en imponer cooperaciones para realizar festividades del santoral católico.

Tras casi cuatro días refugiados en Huejutla los evangélicos retornaron a Pahuatlán. Previamente debieron firmar un compromiso para ponerse al corriente con las cuotas atrasadas. A cambio sus generosos perseguidores dijeron que no van a tomar represalias. Habrá que conocer el documento, no sería nada extraordinario que se les haya comprometido a cumplir cláusulas contrarias al marco constitucional. ¿Y qué de los delitos cometidos por los perseguidores? Porque privaron ilegalmente de la libertad a los protestantes, les infligieron torturas y amenazaron de muerte.

Aunque no acontecido en los días de la nueva administración federal, también tuvo lugar en Hidalgo, más precisamente en Los Puentes, Huautla, otro acto contra los derechos de una pareja evangélica.

El 5 de noviembre fueron notificados Humberto Lara Hernández y su esposa Catalina Mejía Vite que debían pagar una multa de 15 mil pesos. ¿Cuál fue su delito? Haber celebrado un culto privado no católico. Con ello contravinieron el reglamento interno, donde se consigna: Hemos establecido que no admitimos ningún culto ni servicio religioso de alguna denominación religiosa mestiza, que atente contra nuestra cultura y tradiciones religiosas y nuestra forma de organizarnos en nuestras faenas y trabajos.

Firman la sanción Lucio Rosas Hernández, juez auxiliar propietario; Felipe Rosas Martínez, comisariado ejidal; Juan Hernández Alvarado, por el comité escolar; Claudio Hernández Ramírez, por el comité de la capilla (católica), y Eugenia de la Cruz Arenas, por el comité femenil. Como se ve, en Los Puentes las autoridades político-civiles y las religiosas están fusionadas para vigilar que no haya libertad de cultos. Por otra parte menciono que la presencia evangélica en Hidalgo es de larga trayectoria. En septiembre de 1870 el Monitor Republicano informa de un caso de persecución en Tizayuca contra la comunidad protestante del lugar, conformada mayoritariamente por indígenas.

Garantizar la libertad de cultos es una responsabilidad federal. Atañe directamente a la Secretaría de Gobernación. El titular de ésta, Miguel Osorio Chong, debiera girar instrucciones inmediatas a la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Paloma Guillén Vicente, para que atienda de inmediato los casos en los cuales se quiere regresar al país a los tiempos anteriores a la Ley de Libertad de Cultos expedida por Benito Juárez el 4 de diciembre de 1860.