Chilpancingo, Gro., 25 de diciembre. El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, dijo que luego de recorrer varias regiones de la entidad se corroboró que el problema de los desplazados por la violencia no es privativo del municipio de Coyuca de Catalán, sino que también afecta a decenas de familias en Ayutla de los Libres, Tlapa, Zihuatanejo, Acapulco y Ciudad Altamirano.

Aseguró que el número de familias que decidió dejar atrás sus lugares de origen se incrementó a raíz del asesinato de Juventina Villa Mojica, dirigente de los campesinos ecologistas de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, perpetrado en noviembre.

Manifestó que la Red Guerrerense y otros organismos de derechos han encontrado decenas de familias desplazadas. Destacó que en la sierra ni el gobierno del estado ni el federal han podido controlar el crecimiento de la delincuencia organizada, lo que ha generalizado la violencia.

Olivares Hernández reconoció que no se conoce con exactitud el número de familias obligadas a abandonar sus hogares, por lo difícil del acceso a las comunidades y porque la gente no denuncia las agresiones ni las amenazas.

Aseguró que la llegada de 500 soldados a Acapulco, la semana pasada, aunada a los patrullajes de corporaciones policiacas para la temporada vacacional, “no beneficia a la población en general ni a las familias desplazadas de sus comunidades por la narcoviolencia, sólo a empresarios del turismo”.

Los soldados se concentran en 1os lugares turísticos, pero la población común en Guerrero no es protegida por los militares. Militarización es sinónimo de mayor violencia. Prueba de ello son los miles de muertos en el sexenio de Felipe Calderón.

Exigió al gobernador Ángel Aguirre Rivero que atienda el problema de los desplazados antes de que crezca más, porque los campesinos no solo dejan atrás su tierra, su único medio de subsistencia, sino también su pasado y su cultura. Queremos que el gobierno estatal deje de dividir a las comunidades desplazadas, a las que no fueron capaces de garantizarles su integridad, y que al menos aplique un plan emergente que incluya alimentación, techo, salud, educación, y un lugar digno para que inicien una nueva vida, recalcó.