La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó a la Cámara de Diputados que pese al alarmante índice de criminalidad, no le es posible destinar recursos humanos o económicos para proteger de la delincuencia organizada a los alumnos.

La SEP, por conducto de la unidad de enlace de la Secretaría de Gobernación, informó a la mesa directiva del órgano legislativo que el Programa Nacional Escuela Segura sólo contribuye a la cohesión e integración social de las comunidades, pero no es posible desplegar elementos para proveer de seguridad cada plantel.

La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo exhortando al Ejecutivo federal a realizar acciones coordinadas para garantizar la seguridad e integridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado.

El órgano legislativo advirtió en el documento que México ha vivido un aumento alarmante en los índices de criminalidad, que en el último año se ha reflejado en extorsiones a profesores y autoridades educativas, ocasionando manifestaciones de las comunidades escolares para exigir a los gobiernos federal y estatales garantías y condiciones suficientes de seguridad.

Los diputados argumentaron en noviembre pasado que se han disparado los enfrentamientos entre delincuentes cerca de los planteles, y que las instituciones educativas, así como maestros y directivos, se han vuelto blanco del crimen organizado.

En respuesta, la SEP y la Secretaría de Seguridad Pública federal, por conducto de Gobernación, respondieron que “no se advierte atribución otorgada a la Secretaría de Educación Pública en materia de seguridad o combate al crimen organizado.

Si bien las escuelas se han convertido en un objetivo más de la delincuencia organizada, también es cierto que la SEP, por su propia naturaleza, no posee recursos humanos, económicos e infraestructura normativa que permita el combate al crimen organizado, (para lograr) mayor seguridad de los planteles educativos a su cargo, sus directivos y alumnos, mismos que se restringirían a los del Distrito Federal.

La respuesta también refiere que la facultad para la operación de la educación básica, su planeación y administración fue transferida a partir de 1992 a cada entidad federativa con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

Por tanto, Gobernación responde a los diputados que aplaude y reconoce el esfuerzo que el órgano legislativo federal ha realizado desde su ámbito de competencia para atender los problemas que aquejan en nuestro país, por lo que manifiesta su mayor disposición para coordinarse, coadyuvar y participar de todas las acciones que tiendan a la disminución del crimen organizado y propongan, generen, coordinen y operen, para sumarse a dicho esfuerzo.

Dicha postura se sustenta en el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se señala que la Secretaría de Seguridad Pública tiene, entre otras facultades, la de desarrollar políticas para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos.

A decir del gobierno federal, está en el ámbito y la competencia de la Secretaría de Educación Pública realizar acciones que fortalezcan la seguridad de los planteles educativos, como la ejecución del Programa Nacional Escuela Segura.

Esa acción apunta a que la escuela contribuya a la cohesión y la integración social de las comunidades escolares, mediante el desarrollo de la cultura de paz.

Dicha cultura de paz constituye un criterio que orienta el desarrollo de las competencias ciudadanas y es congruente con los criterios establecidos en la Ley General de Educación, en el sentido de que ésta debe contribuir a la convivencia pacífica.

De esa forma, insiste la SEP en su respuesta dirigida a la Cámara de Diputados por conducto de Gobernación, el Programa Nacional Escuela Segura forma parte, desde julio de 2007, de la estrategia nacional de seguridad Limpiemos México.

Dicha estrategia establece la colaboración entre instituciones, de forma prioritaria la Secretaría de Seguridad Pública y su programa Comunidades Seguras, la de Salud con el programa Salud Sólo sin Drogas y la de Desarrollo Social con el programa Rescate de Espacios Públicos.