s preciso releer cuidadosamente el llamado Pacto por México. Se notará que hay un diagnóstico desigual y disparejo de las problemáticas que pretenden enfrentarse; 1) Sociedad de Derechos y Libertades; 2) Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; 3) Seguridad y Justicia; 4) Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; 5) Gobernabilidad Democrática. Incluso podemos calificarlo de compartimentalizado, carente de la integralidad necesaria que exigen los diversos aspectos de la vida económica, social y política del país. No soy quien, por cierto y para algunos casos, afirma la necesidad de esa integralidad.

Releo lo escrito por un funcionario del gabinete actual del sector energía, quien a propósito de la reforma energética de 2008 postuló la necesidad de una política de Estado integral, de largo plazo, que preserve para el país la soberanía energética. No hay integralidad. Se tratan de manera independiente aspectos íntimamente relacionados. ¿Un ejemplo? Economía, seguridad, democracia. ¿Otro? Salud, energía y transporte.

Además, para sólo mencionar otro grave defecto, queda fuera de toda duda la verticalidad y el autoritarismo, al ver a la sociedad como objeto de la acción gubernamental. Por más buena o virtuosa que ésta pudiera llegar a ser, la sociedad es el sujeto responsable de su propio bienestar, de su propio desarrollo. ¿Y el Estado, entonces? Como ningunos, los zapatistas nos lo enseñan. Hoy en silencio: mandar obedeciendo.

Lo energético del Pacto padece los mismos defectos. Además, queda prácticamente reducido a lo petrolero, a pesar de que al hablar de los subsidios en el Compromiso 73, es evidente que se alude no sólo a los más de 200 mil millones de subsidio a la gasolina y casi 40 mil al gas licuado del petróleo en esta año 2012 (por el diferencial del precio interno con el precio internacional), sino a los poco más de 80 mil millones de pesos a la electricidad (por el diferencial con el costo de producción). Sí, por cierto, este año se alcanzará un monto total cercano a 350 mil millones de pesos, poco más de 2 por ciento del PIB. ¿A quién se le puede ocurrir la torpeza –para decir lo menos– de que las necesidades de combustibles y electricidad de la sociedad se resuelven, en lo fundamental, por una buena conducta gubernamental? Más aún, con la apertura a la participación privada, por más que llegara a aceptarse su participación en otras fases de la vida energética. ¡Pues no! Aun suponiendo que, efectivamente, se instrumentara una política pública adecuada en lo energético, el buen destino de este sector exige una renovada actitud social, de personas, familias, empresas, autoridades y cuerpos gubernamentales ejecutivos, legislativos y judiciales. ¡Qué duda cabe! Máxime cuando va de por medio no sólo un uso eficiente y racional de la energía, sino un abasto seguro, y un uso limpio y sustentable. Además, al menor costo económico y social. Y si no imagínese usted –fantaseando un poco con mucho sentido de realidad– qué pensarán los pobladores de todo el Noroeste y Occidente del país, en torno a la posibilidad de atender, por ejemplo de 2015 en adelante, sus requerimientos domésticos de calentamiento de agua y ambiente, por un lado, y de cocción de alimentos por el otro, con gas natural (metano) importado de Estados Unidos, en lugar de seguirlos cubriendo con gas licuado del petróleo (propano y butano), en un buen porcentaje ya también importado (85 mil barriles al día de un consumo total nacional para todos los usos, cercano a los 300 mil barriles)?

Nunca se consultó, por cierto, la introducción del gas natural en el DF. ¿Cómo van a actuar los monopolios de la distribución del gas licuado del petróleo en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, y Jalisco? ¿Cómo se afectaría Pemex en sus estructuras y mecanismos de refinación y comercialización, que actualmente tiene en la refinería de Salina Cruz y en las importaciones del Pacífico, el mecanismo prioritario para atender un consumo de no menos de 35 mil barriles diarios de gas licuado del petróleo en esos estados? Sí, es indudable.

La urgencia mediática del gobierno que apenas empieza, se enfrenta a la urgencia social de atender con justeza y pulcritud sus necesidades básicas, en este caso de combustibles y electricidad. Y el mecanismo cupular y autoritario elegido para este comienzo de gobierno, se enfrenta a los mecanismos de participación social necesarios para un cambio de fondo y de largo alcance, en este caso de los hábitos de consumo de combustibles y electricidad, pero en realidades de todas las dimensiones cotidianas de la vida social integral. ¿Cómo esperar que haya cambios de fondo, cuando no se trazan líneas de vinculación, por ejemplo, con un sector transporte que de la manera más ineficiente posible, se traga prácticamente la mitad de la energía final consumida en nuestro país, a más de emitir 40 por ciento de los gases de efecto invernadero (CO₂, CH₄ y N₂O) incluso por encima de 30 por ciento del sector eléctrico?

¿Cómo, asimismo y para sólo señalar un ejemplo de la falta de integralidad en las visiones que están detrás de este mediático Pacto, sí, cómo imaginar alternativas frente a la incapacidad de sustituir la aportación fiscal de los Excedentes Petroleros (Derechos de Extracción de Hidrocarburos) que como lo he señalado antes en este espacio de La Jornada –este año representarán cerca de 6 por ciento del PIB. La falta de integralidad en el diagnóstico garantiza un fracaso seguro. Más todavía la verticalidad y el autoritarismo. Sin duda.

NB Un fuerte, enorme y fraternal abrazo a los Santini, con todo el cariño de los Rojas. ¡La Ginita vive!

antoniorn@economia.unam.mx