Saltillo, Coah., 20 de diciembre. La criminalización contra los defensores de los derechos de los migrantes se recrudeció en México en los dos años recientes y las agresiones provienen de autoridades civiles, policiacas y militares e integrantes del crimen organizado que pretenden obligarlos a vender a los centroamericanos que se alojan temporalmente en albergues del país, advierte un informe de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

De 2004 a 2009 se documentaron 18 actos de agresión, pero solamente en 2010 hubo 69, y de junio de 2011 a noviembre de 2012 ya se tienen registros de 66 incidentes que ponen en riesgo la vida o integridad física de los defensores.

Al dar a conocer los resultados del informe, Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, dijo que las agresiones contra los activistas ocurren mediante secuestros, amenazas de muerte, allanamiento y detención ilegal, y con el señalamiento permanente de que con su actividad protegen a delincuentes e incentivan la migración ilegal.

Las casas del migrante de Saltillo y Piedras Negras, Coahuila, así como las de Oaxaca, padecen una situación de alto riesgo.

Defensores de los derechos de migrantes que colaboraban con esos albergues, además del estado de México, abandonaron el país ante amenazas de muerte o intentos de secuestro.

De las agresiones documentadas, 50 fueron cometidas por alguna autoridad. De los casos documentados por la Pastoral de Movilidad Social hay denuncias ante el Ministerio Público y quejas ante comisiones de derechos humanos, pero ninguna denuncia ha motivado una sentencia contra los responsables y tampoco alguna recomendación de comisiones de derechos humanos, anotó.

El sacerdote Pedro Pantoja Arreola, asesor de la Casa del Migrante de Saltillo, denunció a su vez que no todas las agresiones son de integrantes de organizaciones criminales, sino también de corporaciones policiales federales, estatales y municipales, de militares y del Instituto Nacional de Migración.

Es muy difícil trabajar los derechos humanos, casi tenemos que arrancárselos con carne al Estado, cuando en realidad estamos haciendo una tarea que les toca a las autoridades. Nosotros nos negamos a ver como normal que el dar alimento por caridad sea factor para perder la vida, señaló Pantoja.

Aun cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que se deben establecer medidas cautelares para los centros, las agresiones y amenazas continúan, denunció Xicoténcatl.