omo parte del denominado Pacto por México, los abajo firmantes se comprometieron a expedir una nueva ley para la explotación minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción, con el fin de transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable, y que los recursos captados se canalicen, prioritariamente, a los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras.

El asunto es de la mayor trascendencia, toda vez que más de una cuarta parte del territorio nacional ha sido concesionado al capital privado, el cual obtiene pingües ganancias sin que la nación –propietaria de la riqueza concesionada– obtenga nada a cambio. Urge, pues, que este capítulo del Pacto por México se aterrice a la brevedad, aunque todo indica que el asunto minero no está incluido en la insólita celeridad que el gobierno federal y el Congreso de la República aplican a la hora de presentar y aprobar otras iniciativas de ley.

Como es sabido, con la venia del gobierno federal un grupúsculo de empresas –muy pocas mexicanas y unas cuantas extranjeras, principalmente canadienses– acapara la enorme riqueza minera del país, cedida al capital privado desde tiempos salinistas, pero con especial entrega en los foxistas y calderonistas, cuando las concesiones representaron más de 52 millones de hectáreas del territorio nacional. A cambio nada obtiene el país, y mucho menos los estados y municipios donde la explotación minera es de gran relevancia. Y lo anterior sucede con el silencio cómplice del Congreso (el federal y los estatales) y, desde luego, el gobierno (ídem).

Ilustra lo anterior el caso de Zacatecas, primer productor de plata desde tiempos de la Colonia, donde casi 40 por ciento del territorio está concesionado a los barones de la minería (con Alberto Bailleres a la cabeza, por mucho), quienes año tras año obtienen multimillonarias utilidades mientras el erario estatal permanece más seco que el desierto. Lamentablemente ninguna autoridad se anima a frenar este salvaje saqueo, y en el Congreso federal cualquier iniciativa de ley para modificar tan desigual circunstancia (entre ellas una de Francisco Arroyo, actual presidente de la Cámara de Diputados) rápidamente termina en el cesto de la basura. Algo similar sucede en los congresos estatales, donde los legisladores se congelan ante el poder (algunos le llaman maiceo) de los barones de la minería.

El citado compromiso del Pacto por México corre el riesgo de no trascender el discurso, pero en vía de mientras La Jornada Zacatecas documentó que los grandes consorcios mineros que operan en el estado pagan una miseria por impuesto predial pese a las multimillonarias ganancias que obtienen. Bajo la firma de Alma Alejandra Tapia y Carlos Alberto Navarrete, el rotativo denuncia que “en el municipio de Vetagrande, empresas mineras pagan 300 pesos de impuesto predial, mientras en El Mineral, la minera PLC Fresnillo –antes Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres– hasta hace poco erogaba 800 mil pesos anuales, y actualmente por ese impuesto cubre 4 millones 800 mil pesos, cuando la empresa tiene un valor aproximado de 10 mil millones de pesos”.

De acuerdo con lo publicado por La Jornada Zacatecas, actualmente hay seis grandes empresas mineras en el estado que explotan ocho yacimientos con ganancias multimillonarias, y es poco lo que dejan a la entidad, de ahí la necesidad de tener ganancias proporcionales tanto la empresa como los zacatecanos a través de los impuestos que recauden sus municipios. Si se modifica la ley, consorcios como PLC Fresnillo (también de Alberto Bailleres) pagarían al ayuntamiento de El Mineral casi 150 millones de pesos anuales por impuesto predial, con lo que se vería beneficiada la localidad, porque los municipios reciben sus participaciones federales de acuerdo a su recaudación, es decir, el municipio recauda un peso y la federación les envía tres más.

En Zacatecas existen 26 municipios mineros que serían beneficiados con una nueva legislación que equilibre el reparto de la riqueza. Entre ellos Calera, Chalchihuites, Valparaíso, Fresnillo, Sombrerete, Zacatecas, Vetagrande, Villa de Cos, Mazapil, Pinos, Río Grande, Concepción del Oro, que en su conjunto tienen una población que supera el millón de habitantes, y que contarían con una derrama superior a mil millones de pesos, más 3 mil millones de las participaciones federales. Las empresas que extraen el metal de la entidad tienen ganancias millonarias y los únicos beneficiados son unos cuantos empresarios mexicanos y algunos extranjeros. El dinero no se queda siquiera en el país, mientras que para beneficiar una tonelada de metal en piedra se gastan 3 mil litros cúbicos de agua, y sólo en Fresnillo se benefician 15 toneladas diarias.

En Fresnillo el municipio entrega al consorcio PLC 150 litros de aguas residuales, por lo que no le cuesta más que potabilizarla. Mientras que mucha gente de las comunidades vive aún sin alumbrado público, drenaje, pavimentación y otros servicios básicos. Durante 2011 los principales consorcios mineros establecidos en Zacatecas registraron incrementos exponenciales, tanto en sus niveles de producción como en ventas y utilidades, ello según sus informes financieros, aunque no en todos los casos realizaron las especificaciones necesarias para conocer de manera transparente los balances que registraron estas empresas en el estado. Este es el caso de Minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, la cual tiene en tierra zacatecana dos proyectos extractivos: Real de Ángeles Coronel, en el municipio de Ojocaliente, y Mina Tayahua, en Mazapil.

En 2011 Fresnillo PLC, propietario de la mayor mina de plata en el mundo, ubicada en ese municipio, registró una utilidad bruta de 860 millones de dólares, 37.1 por ciento más que en 2010. Pero éste sólo es un ejemplo, porque el consorcio explota muchas minas más en la entidad. La Jornada Zacatecas resume: el grupo empresarial de Alberto Bailleres que explota el suelo zacatecano en cuatro proyectos mineros registró una utilidad bruta, entre todos sus complejos extractivos, de 33 mil 459 millones 900 mil pesos, lo que generó una variación creciente de 2010 a 2011, en este concepto de 67.6 por ciento.

En Mazapil, la canadiense Goldcorp extrajo oro de la mina Peñasquito con un valor de mil 144 millones de dólares, 21.3 por ciento del total de ingresos que generó esta empresa todo 2011, mientras el Grupo México, del inenarrable Germán Larrea, hace lo propio.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿prestos para sacar adelante las iniciativas importantes? Pues éntrenle a la nueva ley minera.

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