uego de tres meses de una detención que devino escándalo inmediato, el miércoles pasado un tribunal de Nicaragua declaró culpables de lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de drogas a 18 ciudadanos mexicanos que fueron arrestados en un paso fronterizo de ese país centroamericano a bordo de seis camionetas con logotipos de Televisa en las que se hallaron más de 9 millones de dólares en efectivo, escondidos en compartimientos secretos, además de que se descubrieron trazas de cocaína.

El pasado 30 de noviembre, último día de la administración calderonista, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que había obtenido órdenes de aprehensión contra 15 de los capturados y contra una persona más cuyo nombre no ha sido dado a conocer y, por boca de Carlos Cortés Barreto, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, exoneró a Televisa de cualquier relación con el grupo, pues, a decir del funcionario, los detenidos habían falsificado documentos de esa empresa para tramitar el registro de los vehículos, así como para acreditarse.

Los peritajes sobre la autenticidad de la firma del ejecutivo de Televisa Amador Narcia, presente en documentos incautados a los 18 capturados, no han sido concluidos, y no se ha esclarecido el tema de las decenas de llamadas telefónicas presuntamente realizadas por una de las hoy sentenciadas, Raquel Alatorre Correa, a ese directivo de la empresa.

Ayer la PGR anunció que en enero próximo iniciará trámites para lograr la extradición de 15 de los sentenciados, en lo que constituye el más reciente paso de las autoridades federales mexicanas en una investigación que, hasta ahora, se ha traducido en el aseguramiento de una docena de inmuebles en diversas entidades, con un valor total estimado de 41 millones de pesos, una decena de vehículos de lujo, joyas, lingotes y monedas de oro. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal emprendió una pesquisa para ubicar a los responsables de supuestamente otorgar registros fraudulentos a los vehículos confiscados en Nicaragua.

Sin embargo, hasta ahora las tres investigaciones –la que iniciaron las autoridades nicaragüenses, la federal y la capitalina– arrojan más preguntas que respuestas en torno al caso.

En primer lugar, a estas alturas sigue sin saberse a ciencia cierta si los delincuentes mexicanos atrapados en Nicaragua contaban con algún grado de cobertura de cómplices al interior de la empresa televisiva, con cuyo nombre, así fuera por usurpación con fines delictivos, se conoce popularmente el episodio.

Por otra parte, los organismos de procuración de justicia han señalado en repetidas ocasiones que el grupo delictivo, bajo la fachada de un equipo televisivo, transportaba grandes cantidades de dinero de México a Centroamérica para adquirir droga e introducirla a nuestro país; pero resulta poco creíble que sejemante manera de operar hubiese sido posible sin la colaboración corrupta de autoridades policiales, aduanales y migratorias de México, Guatemala y El Salvador. Asimismo, cabe preguntarse si el grupo habría podido llevar a cabo tales trasiegos sin formar parte de alguna de las organizaciones delictivas de México y del área centroamericana.

En suma, la existencia misma del grupo delictivo que protagonizó el llamado Caso Televisa parece indicar que la penetración de la criminalidad organizada en instituciones públicas y corporaciones privadas puede ser mucho más profunda y extendida de lo que suele suponerse, y que posiblemente los 18 mexicanos sentenciados en Nicaragua sean sólo la punta de una madeja que debe ser desenredada por las autoridades de varios países.