Buenos Aires, 19 de diciembre. El gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó nuevamente un recurso que permite el salto de una iniciativa (per saltum) para que la Corte Suprema de Justicia se avoque al tratamiento inmediato de la causa que sigue el tema de la ley de medios audiovisuales que el Grupo Clarín se niega a cumplir desde hace tres años.

Al hacer el anuncio el ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que el gobierno intenta que haya una sentencia definitiva sobre todos los asuntos que tienen que ver con este caso, y advirtió la gravedad institucional por el no cumplimiento de una ley votada por el Congreso (en 2009) ratificada por la Corte Suprema y sometida a maniobras judiciales de medidas cautelares interpuestas por los abogados del poderoso de Grupo de Medios de Comunicación Clarín.

Esta situación afecta e involucra toda la sociedad argentina, dijo Alak, mientras que la Cámara Federal (tribunal) a la que recurrió el gobierno ayer por su parte concedió el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo contra la extensión de la medida cautelar y lo elevó también a la Corte Suprema.

Se tiene que dar ya una solución, sostuvo el ministro de Justicia y es necesario que la Corte se avoque a la causa judicial que promoviera el Grupo Clarín y que ha impedido y ha obstaculizado en forma evidente que esta ley se aplique.

De 20 grupos que tienen más licencias de radio y televisión que las 24 que la ley admite, Clarín que tiene 240, más otras de televisión abierta y de cable y se niega a ajustarse a esta norma que intenta evitar la existencia de monopolios de la información.

Clarín difunde información a la población a través de todas sus repetidoras en el país, en la que se dice que el diario más importante que saca el grupo y que lleva ese nombre desaparecerá, a pesar de que la ley es sobre licencias de medios Audiovisuales.

Los informes de ese medio muestran un panorama tremendista. Ya los jueces han votado que es una ley constitucional y que de ninguna manera atenta contra la libertad de expresión. Incluso se ha definido que una posición monopólica es altamente nociva para la verdadera libertad de expresión y para la diversidad de voces mayoritariamente silenciadas.

Alak dijo también que el pedido a la Corte Suprema no sólo es para cumplir el plazo de las cautelares, sino para que se expida sobre la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual y aclaró que este nuevo recurso trata de lograr una nueva declaración de constitucionalidad, como ya lo hizo el juez Horacio Alfonso.

“Pretendemos que cesen las medidas cautelares, tal como lo dijo la Corte el 22 de mayo y el 27 de noviembre, y que los argentinos tengamos resoluciones judiciales rápidas que no pongan en cuestionamiento leyes sancionadas por el Congreso de la Nación(…) el Estado se siente agraviado porque un fallo de primera instancia le dio legitimidad activa a quien no la tiene”, razonó AlaK y afirmó que Clarín está utilizando empresas cuyos titulares son otras personas

Movilización

En tanto, el dirigente del ala disidente de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, junto Pablo Michelli, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), también dividida, llamaron hoy a una marcha hasta la Plaza de Mayo, que logró reunir mayoritariamente a sus afiliados.

Moyano y Micheli solo juntaron a los suyos para renovar criticas al gobierno. La CGT y la CTA opositoras tuvieron su 19-D con un marcha y acto hacía la Plaza de Mayo donde renovaron críticas al gobierno, señala Ámbito Financiero.

La marcha no tuvo las características de las últimas opositoras, y fue evidente que a Moyano le fallaron muchos de los opositores que habían prometido su presencia. Nuevamente se juntaron sectores sindicales de la derecha peronista como Luis Barrionuevo de la llamada CGT Azul y Blanca, con el trostkista Partido Obrero, la Federación Agraria y otros que conformaron un extraño conjunto donde se encontraban los anteriores enemigos políticos. Los grupos de izquierda como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y otros similares no tienen ningún prejuicio de ser parte de las actuales movilizaciones convocadas por sectores de derecha.

No hace mucho acusaban a la presidenta Fernández de Kirchner por tener de aliado a Moyano, al que ahora acompañan en cada marcha. El dirigente camionero dijo que existe un ajuste encubierto por parte del gobierno y Pablo Miceli amenazó con más marchas y paros si no hay respuesta al terma de los impuestos a las ganancias sobre los salarios (más altos) de trabajadores, además solicitan la extensión de la Asignación Universal por hijo que alcanza a los sectores de menores recursos y que trabajan en negro:

“Lo que se percibió es que faltaron los caceroleros del 8-N que, según Moyano, iban a decir presente en la marcha organizada por las centrales obreras” y también faltó el espíritu de otras marchas opositoras, concluyó Ámbito Financiero.