La mayoría de los jornaleros del país son contratados como trabajadores eventuales, por lo que casi en su totalidad carecen de un seguro social integral, ya que 95 por ciento labora como estacionales, no acumulan antigüedad ni tienen derechos laborales, además que tampoco reciben las prestaciones mínimas dispuestas en la Ley Federal del Trabajo.

Así, estos trabajadores del campo están marginados de casi todos los derechos de la seguridad social, por lo que no cuentan con prestaciones tales como derecho a jubilarse, pensiones, pagos por incapacidad, protección por riesgos y otras, enumeradas en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Manuel Humberto Cota.

Dijo que es impostergable realizar un cambio para detener la monstruosa desigualdad, pobreza, inseguridad y violencia en que viven los jornaleros del país.

Punto de acuerdo en el Senado

Cota destacó la urgencia de dar seguridad social a los trabajadores del campo. Informó que junto con la senadora Itzel Sarahí Ríos, se presentó un punto de acuerdo en el Senado en el que piden a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que levante un padrón de jornaleros agrícolas en el país, y al IMSS determinar cuántos de ellos cuentan con seguridad social, ya que de acuerdo con la más reciente encuesta realizada en este sector, se estima que hay 2 millones 40 mil 414 trabajadores del campo sin ese beneficio, los cuales junto a los miembros de sus familias ascienden a más de 9 millones de personas.

El también senador Cota expuso que se requiere una solución integral al problema, que tenga previstas disposiciones normativas que regulen el trabajo de esas personas, así como acciones gubernamentales que les permitan acceder a los sistemas educativos, de atención a la salud y servicios municipales, y que garanticen respeto a su labor.

Según explicó, en el referido punto de acuerdo, también se hace la petición a la Secretaría del Trabajo para que intervenga para dar seguridad social a ese sector, que es uno de los más desprotegidos y explotados en México.

Estos trabajadores laboran, por lo general, jornadas superiores a las máximas legales; reciben salarios que pueden llegar a ser inferiores al mínimo; además, la mano de obra infantil es una constante en los campos de cultivo y se enfrentan al incumplimiento de acuerdos pactados con los empleadores, señaló.