En coincidencia con Amnistía Internacional (AI), defensores de derechos humanos subrayaron que el nuevo gobierno federal debe pasar del discurso a los hechos concretos en materia de defensa y protección de esas garantías básicas.

Aseguraron que el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, aún no ha dado a conocer una agenda clara y precisa ni cómo piensa resolver los pendientes en la materia.

Por años se han mantenido muchos temas pendientes en este rubro, sin que haya una solución. El nuevo gobierno tiene la obligación de asumir responsablemente el déficit en derechos humanos, indicó Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

El activista consideró que la administración de Peña Nieto tiene dos retos importantes en la materia: Pasar del discurso a los hechos, dejando atrás viejas prácticas priístas, sobre todo porque los gobiernos emanados de ese partido siempre se mostraron contrarios a los derechos humanos; además de hacerse cargo de todos los pendientes referentes a las garantías fundamentales.

Agregó que el arranque de la gestión del mexiquense se dio en el contexto de una represión contra la protesta social, lo que no es buena señal, pues fue un ataque a los derechos humanos que involucró a las administraciones federal y de la ciudad de México. De ahí que la atención debe estar también en las instancias estatales.

Cortez afirmó que Peña Nieto deberá dar muestras distintas a las de los gobiernos panistas, que en el discurso insistieron estar en favor del respeto a los derechos humanos, pero terminaron siendo violadores de estas garantías. Se necesita modificar en la práctica y el ejercicio del poder, o de lo contrario seguiremos con la misma tendencia esquizofrénica.

Seguridad pública, prioridad

Por su parte, Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, aplaudió la misiva que AI envió el martes al Ejecutivo federal, y coincidió con los temas prioritarios a atender marcados por la organización internacional, que son: seguridad pública, justicia militar, defensores de derechos humanos, migrantes, tortura, desapariciones, violencia contra las mujeres, sistema de justicia, indígenas y atención a las recomendaciones de la Corte Interamericana.

Además de la revisión y atención a los pendientes, así como la definición de una política pública en la materia, Ramírez subrayó que la nueva administración deberá poner énfasis en la rendición de cuentas de las instituciones que dejaron déficit en este rubro.

Otro de los grandes retos –señaló– es el cumplimiento de las recomendaciones nacionales e internacionales.

Al respecto, informó que de 2000 a 2012 el país ha recibido más de mil 500 recomendaciones de organismos internacionales. En tanto que una de las prioridades a escala nacional será atender los señalamientos por las violaciones a derechos humanos en San Salvador Atenco, ocurridas en mayo de 2006 (cuando Peña era gobernador del estado de México), donde se tendrá que hallar y sancionar a todos los responsables.

Peña Nieto tiene varias oportunidades: completar estos exhortos nacionales e internacionales, dar resultados de forma inmediata en la protección y garantía de derechos humanos y brindar una rendición de cuentas permanente. Pero desde luego el Congreso también será un actor principal en esta tarea.