La Cámara de Diputados aprobó anoche reformas a los artículos 3º y 73 de la Constitución por las cuales se establece un nuevo modelo de ingreso y promoción magisterial. Sin embargo, ante las presiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se aceptó que los maestros que ya poseen una plaza no serán despedidos, aun cuando no aprueben la evaluación.

Después de dos días de negociaciones, los partidos aceptaron que en la redacción del artículo 3º se incluyera que la permanencia en el servicio profesional será con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, frase que no estaba incluida en el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales.

En dicho artículo se incluyó que la ley reglamentaria fijará criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia.

El Panal defiende a Gordillo

Esa definición generó controversia entre los grupos parlamentarios y sólo el de Movimiento Ciudadano hizo referencia a que el rezago educativo de los 24 años recientes, así como el viraje en la reforma, son atribuibles a la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo.

Elba Esther Gordillo no es la responsable. Permitir que esta reforma se direccione contra los maestros debe ser considerado una falacia, respondió Luis Antonio González Roldán (Panal).

A pesar de la presión que cabilderos de refresqueras y fabricantes de frituras ejercieron sobre diputados de todos los partidos en el restaurante Los Cristales, la Cámara dejó sin cambios la obligación del gobierno federal –incluida en el artículo quinto transitorio– de prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.

Una vez que la Cámara reculó en la disposición de que los maestros que reprobaran la evaluación a cargo del autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no podrían continuar dando clases, el diputado Víctor Nájera (PRD) definió: El Ejecutivo no se quiso echar un tirito con el SNTE, pero tampoco con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

El pleno aceptó una modificación propuesta por el PAN para que los integrantes de la junta de gobierno del INEE sean propuestos por el presidente de la República por ternas, en un plazo máximo de 60 días naturales a partir de la publicación del decreto de reforma.

Se agregó un párrafo cuarto al artículo segundo transitorio para que la primera junta de gobierno surja de cinco ternas, de las cuales se eligirá a los integrantes de ese órgano.

A propuesta del PAN se incluyó que además de evaluar el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en prescolar, primaria, secundaria y media superior, el INEE también revise la calidad de la enseñanza.

El debate alcanzó niveles de rispidez porque aun cuando estaba inscrito en el segundo turno para hablar contra el dictamen, el presidente de la mesa directiva, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), se brincó al petista Manuel Huerta y lo dejó fuera.

El priísta ordenó que se abriera el tablero para votar el dictamen en lo general e inició la lectura de las reservas. Mientras lo hacía, Huerta subió hasta la mesa directiva para increparlo.

De inmediato, un grupo de priístas, encabezados por Cesario Padilla, líder cañero de Jalisco, llegaron a proteger a Arroyo Vieyra y desplazaron al diputado petista. Padilla lo empujó e inició un jaloneo entre ambos.

Javier Orihuela –maestro de Morelos e integrante de la CNTE– trepó a una curul en la secretaría para cuestionar a Arroyo Vieyra, pero Gerardo Liceaga, comentarista de Televisa, se interpuso para que el legislador del PRD no continuara con su protesta.

¡Qué pena, qué pena!, reprochó Manuel Huerta cuando lo dejaron usar la tribuna para presentar una reserva –que fue desechada– y fue abucheado por el Bronx priísta.

A pesar de la modificación al dictamen, diputados de PRI, PAN, PRD, PVEM y Panal calificaron la reforma de revolucionaria, porque, argumentaron, el Estado mexicano recuperará el control del otorgamiento de plazas para que su manejo no dependa más de intereses particulares.

Por el PRI, la diputada Alejandra de Moral sostuvo que la reforma rompe paradigmas, porque se trata de reafirmar la supremacía del Estado mexicano respecto de cualquier otro interés. De poner en orden la casa.

La modificación constitucional, agregó, tiene tal respaldo que el gobierno de Gabino Cué, identificado con Andrés Manuel López Obrador, se adhirió a la decisión de que el ingreso y promoción de los maestros tenga rango constitucional y esté condicionado a la evaluación.

Después de que el pleno desechó una moción suspensiva de su bancada, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, se refirió de manera tangencial a la influencia negativa del SNTE en la educación.

Sin nombrarlo, expuso: “En ninguna parte del mundo un sindicato maneja obras, tiene negocios, impone directores, secretarios de Educación y funcionarios de la administración educativa, ni forman imperios. Pero eso no se toca.

“Sólo se intenta dar un coscorrón a la cúpula sindical, pero se le dice: ‘te dejo con vida’. Porque esas son las viejas consignas del viejo sistema, que vemos restaurar.”

Monreal lamentó que la educación nacional sufra por la deserción, la pésima alimentación de los alumnos, la venta de comida chatarra, que no se ha eliminado por los intereses millonarios de las empresas. México, dijo, es el último lugar en expectativa de graduación del bachillerato y la educación superior.

Y por si fuera poco, hay que lidiar con una cúpula sindical que absorbe una cantidad de recursos sin transparentarlos, sin democracia ni compromiso con la educación, expuso.

Reparto de culpas

Después, el debate entre los legisladores rondó sobre las deficiencias de los maestros, las pugnas por el control del sindicato y las movilizaciones.

Ruth Zavaleta, ahora diputada por el PVEM, afirmó: Esta es la reforma de la reconciliación. ¡Basta de buscar culpables en los maestros! Responsables somos todos, pero sobre todo los legisladores. ¡No es justo estar ninguneando a los maestros!

Roberto López González (PRD) afirmó que “tan pernicioso es el poder del SNTE como el de la CNTE. Tan pernicioso es que inspectores y directores formen parte de un grupo, como que a otros se les permitan atropellos, fechorías, en virtud de su sagrado derecho de expresarse. ¿Quién no lamenta las escenas tristes de Oaxaca tomado y el Centro Histórico destruido?”

El panista Fernando Rodríguez sostuvo que la reforma permitirá que nunca más un profesor no preparado esté frente a un salón de clases; que nunca más una plaza de maestro se compre o se herede; nunca más la educación esté secuestrada por los intereses perversos de grupos, sindicatos o facciones políticas.

No obstante, la ex alcaldesa de Huajuapan de León, Oaxaca, Gloria Bautista (PRD), resaltó que aunque la reforma parece inofensiva, va contra los amparos obtenidos en febrero para no someter a los maestros a la evaluación, sobre todo “pasa por encima de la contratación colectiva; eleva a rango constitucional un golpe para derogar de facto el ingreso y la permanencia en el trabajo”.

En el colofón de las posturas, el diputado Luis Espinoza Cházaro (PRD) utilizó la frase de una de las campañas de Televisa para defender el dictamen: Que nos recuerden porque tuvimos el valor.