De forma acelerada, la Cámara de Senadores aprobó ayer reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y amplió 10 meses el plazo para que los 132 mil 127 policías estatales y municipales que aún no presentan los exámenes de control de confianza puedan hacerlo, ya que el plazo inicial vence el próximo 3 de enero y serían cesados.

Durante la discusión del dictamen, el panista Fernando Yunes Márquez destacó que la estrategia de seguridad anunciada por el presidente Peña Nieto es casi idéntica al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en 2008 por el presidente Felipe Calderón.

Nos llama la atención porque se habló de un cambio total en la estrategia; dijeron que no funcionaba y que le darían un vuelco a la estrategia de seguridad; sin embargo, debe destacarse que estas similitudes de alguna manera sean un reconocimiento a las acciones contra la inseguridad del gobierno anterior, comentó.

En tribuna, Yunes Márquez defendió la estrategia puesta en marcha por el gobierno de Calderón. Afirmó: Debemos tener siempre presente que la semilla de la inseguridad en México se sembró desde hace muchos años; esta semilla que ya había germinado dio sus más nefastos frutos cuando el PAN comenzó a gobernar el país y fueron los gobiernos panistas los que asumieron la seguridad de los mexicanos como prioridad y tomaron decisiones que los llevaron no sólo a apoyar, sino incluso a sustituir a los gobiernos estatales que fueron totalmente omisos en el combate a la inseguridad.

Advirtió que los senadores del PAN no permitiremos que se pretenda atribuir a nuestro partido el problema de inseguridad que vive México, y tampoco que se traten de borrar los logros de nuestras administraciones.

El senador panista aseveró que 80 por ciento de los gobernadores faltó a lo pactado en el acuerdo nacional, y prueba de ello es que sólo a 50 por ciento de todas las policías estatales y municipales del país les han aplicado exámenes de control de confianza.

Aunque después el PAN votó en favor, dijo que la reforma representa la falta de responsabilidad y compromiso de todas las entidades federativas con el problema de la seguridad y corrupción que vive el país.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el priísta Omar Fayad, manifestó que esta reforma es de la mayor importancia para el país, porque implica que cientos de miles de policías tengan la certeza jurídica de lo que va a ocurrir a partir del 3 de enero próximo, ya que la ley les daba un plazo de un año para que estuvieran certificados todos y si no cumplían tendrían que ser cesados”.

La reforma amplía el plazo 10 meses, pero esto no implica que se va a relevar a nadie de tan importante compromiso; esto no implica de ninguna manera que los cuerpos de seguridad pública no cumplan con la obligación que se tiene establecida en la ley, pero sí implica un respiro en virtud de que el esfuerzo que se ha hecho en esta materia es enorme.

Fayad subrayó que con la ampliación del plazo y con la capacidad instalada de los centros de certificación, hoy se existen condiciones en el país para que se pueda cumplir con tan importante compromiso”.

La reforma fue aprobada con 93 votos en favor, uno en contra y dos abstenciones. La minuta se turnó a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.