a Casa Blanca anunció ayer que Barack Obama comisionó a su vicepresidente, Joe Biden, para que coordine la presentación de varias propuestas legislativas orientadas a acotar la venta y la posesión irrestrictas de armas de fuego en Estados Unidos. De acuerdo con la información disponible, las medidas –propuestas en el contexto de la masacre perpetrada la semana pasada en la escuela primaria de Newtown, Connecticut, en la que murieron 20 niños y seis adultos– incluyen la prohibición de los fusiles de asalto, reducciones en la cantidad de munición autorizada a particulares y la verificación de los antecedentes penales y médicos de quienes pretendan adquirir armas de fuego. El grupo que coordinará Biden no sólo trabajará con el Congreso sino también con los gobiernos de los estados, vinculación fundamental por cuanto que recae en ellos una parte sustancial de la responsabilidad por la descontrolada proliferación de armas en los hogares estadunidenses. Desde el domingo pasado, Obama anunció su determinación de imponer controles al armamentismo de particulares, incluso por la vía de los decretos, en caso de no obtener una actitud de colaboración para este propósito en el Capitolio.

La tragedia ocurrida en Newtown ha socavado, así sea en forma coyuntural, la fuerza de los sectores reaccionarios del país vecino que han defendido el derecho a la posesión de arsenales por particulares, y les ha restado un significativo apoyo en la opinión pública. Tales sectores, representados principalmente por la Asociación Nacional del Rifle y generalmente adscritos al entorno político del Partido Republicano, se encuentran a la defensiva, al menos por ahora, y hasta esta asociación ofreció su colaboración para impedir que masacres como ésa sigan repitiéndose. Es posible, por añadidura, que el descalabro experimentado por los republicanos en la elección de hace unas semanas haya contribuido a debilitar a los defensores del armamentismo irrestricto.

Obama, por su parte, parece decidido a aprovechar el momento para intentar poner un mínimo de orden en el comercio interno de armamento, en lo que constituye un paso audaz que, hasta antes de los lamentables sucesos de Connecticut, parecía políticamente inimaginable. Cabe esperar que tenga suerte, no sólo por la seguridad de la población de Estados Unidos sino también por la mexicana, la cual ha padecido en años recientes el crecimiento desmesurado del poder de fuego de diversas organizaciones criminales, oportuna y abundantemente pertrechadas por la industria y el comercio de armas en el país vecino.

Es claro que el problema de la proliferación de armas de fuego en Estados Unidos no se origina únicamente en una legislación permisiva, sino que en él confluyen poderosos factores económicos (como los intereses de la industria de armamento y de las armerías), políticos (las ya referidas vinculaciones entre los grupos de poseedores de armas y las derechas partidistas) y culturales, por lo que es deseable que se acote el fenómeno en todos esos frentes. Por lo pronto, las regulaciones que propondrá el Ejecutivo son un primer paso.